Los Villares rechaza la presa para evitar riadas en un barrio de Jaén
La alcaldesa de la zona dice que la infraestructura es un atentado ecológico
Cuando parecía que la solución definitiva a las continuas inundaciones que sufren las zonas residenciales de Los Puentes de Jaén se había desbloqueado después de 12 años de reivindicaciones vecinales y de promesas de las administraciones, un nuevo obstáculo amenaza ahora con hacer realidad el proyecto.
El pleno del Ayuntamiento de Los Villares (5.700 habitantes) aprobó ayer, por unanimidad de los dos grupos políticos, PSOE y PP, su rechazo a la presa de contención del río Eliche que, junto a las obras de encauzamiento hidráulico, son las dos grandes actuaciones aprobadas por el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía para acabar con el desasosiego permanente en el que viven los pobladores de esas barriadas de la capital próximas al río, como volvió a evidenciarse en las últimas riadas de mayo y julio.
"La presa es un auténtico disparate y un atentado ecológico en toda regla", comentaba ayer la alcaldesa de Los Villares, Carmen Anguita (PSOE), cuyas tesis se enfrentan a las que defiende su partido en Sevilla y en Madrid. "Por encima de los intereses de partido están los intereses de mi pueblo", dijo tajante. A su juicio, con la obra prevista, al tratarse de una presa de laminación, diseñada aguas arriba de los ríos Eliche y Frío, "todos los arrastres y la basura se quedarán en Los Villares, algo que no podemos consentir". Anguita añadió que es necesario buscar alternativas menos agresivas".
155 chalés en el ojo del huracán
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir señaló en un informe de octubre de 2004 que de las 1.655 viviendas que hay que deslindar para construir la presa en la zona residencial de Los Puentes de Jaén, 155 -en su mayoría chalés de segunda residencia- están en situación ilegal al encontrarse a menos de 50 metros del cauce del río y ocupar, por tanto, la zona de dominio público hidráulico. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Fernando Calahorro, no tuvo rubor alguno entonces en admitir que la alternativa "más adecuada" era la demolición.
No fue hasta febrero de 1999, tres años después de unas graves inundaciones, cuando los vecinos lograron el compromiso político de construir la presa. Lo que ocurre es que antes debe abordarse el deslinde de las viviendas, un proceso que las distintas administraciones locales han venido ralentizando conscientes del alto coste político que tendría demoler los chalés.
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