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Un año esperando el ascensor

Comunidades de vecinos protestan por la lentitud municipal para aprobar una norma que permita instalar elevadores en las fachadas

Jesús Sérvulo González

Carmen Mardomingo no sale de su casa desde hace un año. Tiene 85 años y está mal de salud. Vive en el número 11 de la calle de San Pol de Mar, junto a uno de los nuevos tramos de la M-30, desde hace más de 45 años. "Los que tiene el edificio", precisa por teléfono con voz cansada. El bloque de cuatro pisos no tiene ascensor. Setenta escalones conectan la puerta de su piso con la calle. Unos peldaños que a su edad se le hacen muy altos. Por eso pasa la mayor parte del día viendo la televisión y escuchando la radio, sentada en su sillón favorito.

La mujer no puede ir al médico. Él acude a su casa, "igual que la peluquera", explica su hija María del Carmen Martín, que vive con ella. "En vacaciones necesito la ayuda de dos personas para poder bajarla en una silla a la calle, para que le dé el aire", cuenta la hija.

Carmen ya no sale de su casa. No puede bajar las escaleras
"Hemos pasado de la desesperación a estar hasta el gorro", dice su hija

Hace un año, el Ayuntamiento de Madrid anunció que los edificios construidos durante los años del desarrollismo en la periferia de Madrid podrían instalar ascensores en la fachada si no tenían espacio en el hueco de la escalera. "Pero un año después la norma que lo permite no está aprobada", protesta Martín.

Y, claro, ninguna de las administraciones implicadas admite un gramo de culpa. El Ayuntamiento asegura que se trata de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que tiene que ser aprobada por la Comunidad de Madrid. Y el Ejecutivo regional argumenta que ha recibido la norma con mucho retraso.

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Los vecinos de San Pol de Mar ya tienen decidido dónde iría el ascensor: en un hueco de dos metros de ancho que hay entre los balcones de la fachada que separan las dos viviendas de cada planta.

"El obstáculo", según precisa un portavoz municipal, "es que la norma pretende que se pueda ocupar un espacio público para instalar los elevadores. Se ceden unos metros de suelo público". En este caso, los vecinos del número 11 de San Pol de Mar sólo reclaman dos metros cuadrados. "Están calificados como nivel básico de zona verde", explica Martín. La traducción de esta calificación: sólo puede haber un parque o jardín en esta zona. Y allí lo que hay es un jardín esquilmado por las obras de la M-30, con una docena de árboles, una pista de baloncesto y tres bancos con respaldo de madera. Pero los dos metros que necesitan estos vecinos son un páramo en versión reducida, sólo decorado con una decena de colillas. Un espacio no aprovechado.

La incredulidad que mostraron estos ciudadanos hace un año, cuando el Ayuntamiento anunció la medida, se ha transformado en desesperación. Fueron los primeros en reclamar la posibilidad de instalar ascensores en la fachada. "Ya hace tiempo de eso. El 7 de julio de 2002", recuerda Martín, que tiene grabada la fecha en su cabeza. Ella se ha convertido en adalid de esta reivindicación. "Desde entonces, nos hemos puesto en contacto con la alcaldía, con la Comunidad de Madrid, con Urbanismo, con el Defensor del Pueblo. Y nada de nada", dice con amargura. "Hemos pasado de la desesperación a estar hasta el gorro", añade.

Como ella, otros habitantes de la misma calle también reclaman un ascensor. Es un barrio viejo de gente trabajadora. "Y nos merecemos esto", dice Martín."He ido a una oficina para hablar con un asistente social. ¿Sabes lo que me dijo?", pregunta María del Carmen con indignación: "Que me mudara a un piso con ascensor".

En su portal hay ocho viviendas, dos por planta. La mayoría de los que viven allí lo hacen desde hace décadas. Casi todos son septuagenarios. "Mi vecina de abajo tiene que operarse la rodilla", desliza María del Carmen.

La paradoja de la historia es que cuando el Ayuntamiento anunció la medida, señaló a estos vecinos como los primeros beneficiados, pues eran los que llevaban más tiempo reclamando los ascensores. Entonces, un portavoz municipal aseguró que en unas semanas podrían comenzar las obras.

El concejal socialista portavoz de temas urbanísticos, Pedro Sánchez, critica la desidia del Consistorio. Para Sánchez, "resulta un contrasentido que el Ayuntamiento apruebe una medida y luego se desentienda de ella cuando llega a la Comunidad de Madrid". Además, Sánchez explica que el Ejecutivo regional tiene un programa de subvenciones para instalar ascensores. "Pero en la capital no pueden acogerse a esta medida", añade el concejal socialista.

Sorprendentemente, los residentes del bloque de viviendas del número 6 de la calle de Fenelón, en San Blas, están construyendo un ascensor en la fachada. Un vecino dice que llevan un año con las obras. "Tenemos todos los permisos municipales para ponerlo", cuenta, a pesar de que la norma todavía no se ha aprobado. El presupuesto para instalar el elevador asciende a 72.000 euros. Y va colocado en el hueco que queda entre los balcones de la fachada.

El Ejecutivo regional aprobó en 2007 una línea de ayudas económicas para financiar el 70% del coste de poner elevadores en los edificios con más de 15 años de antigüedad. Desde entonces, la Consejería de Vivienda ha pagado parte de las obras de 850 ascensores en diferentes comunidades de vecinos de la región.

María del Carmen Martín observa a los vecinos de San Blas con envidia. "¿Por qué ellos sí y nosotros no? Ya no sabemos qué hacer, porque nadie nos da una solución". Se queja de que llevan siete años reclamando una salida al problema. "La primera vez que pedimos presupuesto para poder instalar el ascensor eran 45.000 euros; ahora, nos piden 82.000 euros. Para cuando nos den el permiso, no podremos pagarlo", sentencia.

La Federación Regional de Vecinos ha presentado alegaciones contra esta norma, porque no resuelve la posibilidad de instalar ascensores adosados en la fachada de edificios que estén situados en calles de dominio privado, como ocurre en muchas comunidades de vecinos de Moratalaz o Moncloa-Aravaca.

El expediente para la modificación de las normas urbanísticas fue aprobado en la última comisión de Urbanismo. Ahora tiene que ser ratificado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. "Probablemente en septiembre", anuncia un portavoz regional.

Según anunció un portavoz de la Concelía de Urbanismo del Ayuntamiento hace un año, la medida podría afectar a cientos de miles de personas. De ser así, aún queda mucha gente esperando el ascensor.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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