Sólo 6.286 empresas han acreditado que son seguras

Las empresas catalanas parece que no se están tomando muy en serio la obligación, por ley, de demostrar las medidas de seguridad que adoptan para evitar accidentes laborales, mediante su inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). Y si es así, lo están dejando para última hora, como los malos estudiantes. A falta de dos semanas para que expire el plazo -finaliza el 26 de agosto-, sólo se han inscrito 6.286 empresas y 2.507 han solicitado apuntarse, según datos de ayer a las dos de la tarde facilitados por el Departamento de Trabajo. Representa el 25% de lo que espera la Generalitat para finales de mes.

Los contratistas dicen que el registro telemático dificulta el proceso

Cataluña fue la primera comunidad en aplicar la ley estatal que regula el sector, en vigor desde el pasado mes de abril, y puso en marcha el registro hace tres meses. La normativa obliga a todas las empresas que participan en las obras de construcción, sean contratistas o subcontratistas; a todas las sociedades que tienen que ver con el sector, desde lampistas y pintores hasta cerrajeros. En total, más de 80.000 empresas, según dijo entonces la Generalitat.

"Pero el objetivo para el 26 de agosto es tener registradas alrededor de 25.000 empresas", ha asegurado un alto cargo del Departamento de Trabajo. "Hay que tener en cuenta que algunas han cerrado" por la crisis del ladrillo y que "las que en estos momentos están trabajando en alguna obra pueden acreditarse cuando la terminen", matiza la misma fuente.

"Suena a paños calientes", afirma Rafael Romero, el presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), una de las organizaciones empresariales más críticas con la manera como Trabajo ha desarrollado el REA. "Lo han hecho con un secretismo incomprensible. Lo peor de todo es que el registro sólo es electrónico". En otras comunidades también existe la posibilidad de inscribirse de forma presencial.

"El registro telématico", prosigue Romero, "dificulta mucho el proceso porque se requiere tener firma electrónica y en el sector de la construcción hay mucha microempresa que no lo tiene. Vemos muchas dificultades de que esto pueda ser operativo y no entendemos por qué la Generalitat ha optado por hacer algo sin consultarlo con nadie del sector. Eso puede perjudicar gravemente a la actividad constructora. ¿Qué pasará el día 26 si -ojalá no- hay un accidente y la empresa no estaba acreditada?", protesta el presidente de los contratistas.

El Departamento de Trabajo ha puesto en marcha un servicio de consultas telefónicas -tiene una media de más de 160 llamadas al día- y ha habilitado temporalmente a los gestores administrativos y a los graduados sociales para que puedan inscribir a sus clientes.

Según la normativa, las empresas que el día 26 de agosto no estén en la lista, no podrán operar -salvo las que estén trabajando en ese momento-, y si alguien las contrata, será sancionado.

El Ministerio de Trabajo no tienen intención de alargar el plazo, según ha hecho saber por carta a la patronal Cecot, que hace unas semanas solició al ministerio más tiempo. El departamento que dirige Celestino Corbacho entiende que las empresas han tenido tiempo suficiente desde que se publicó la ley -22 meses- para reunir toda la documentación, y más en Cataluña.

El objetivo final es reducir la siniestralidad laboral del sector, cuyo índice triplica la media en Cataluña, según la Generalitat. Bajando al detalle, la CCOC recuerda que hay 16 actividades con índices de siniestralidad superiores.