La demolición del 'Piricoto' costaría 40 millones al Ayuntamiento de Vigo

La demolición de la urbanización Colina de Castrelos de Vigo, conocida como el Piricoto, costaría 40 millones de euros y llevaría al Ayuntamiento a la quiebra, según informó ayer el alcalde, Abel Caballero, que renuncia a adoptar cualquier decisión política sobre el asunto. "Acatamos esa sentencia definitiva y yo seguiré el procedimiento que me digan los técnicos municipales (abogados, arquitectos y urbanistas) en sus informes, atendiendo a lo que sea lo mejor para la ciudad", señaló.

La sentencia del Tribunal Supremo emplaza al Ayuntamiento a que realice en el plazo de un mes un proyecto de "demolición total o parcial" del edificio, lo que ya ordenó por primera vez el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 1994, estimando un recurso de la asociación vecinal de Castrelos por el impacto paisajístico del edificio y su inadaptación al entorno. Las obras habían sido autorizadas en 1991, durante el mandato del socialista Manoel Soto, lo que ahora ha dado pie al PP para reclamar a Caballero que extienda su exigencia de responsabilidades a sus compañeros de partido. Así lo hizo ayer.

"Contemplamos estupefactos los efectos de decisiones urbanísticas que se tomaron en el pasado, sobre las que recaen sentencias firmes con graves amenazas financieras para el Ayuntamiento y sin que nadie asuma responsabilidades políticas por ello", dijo. El alcalde se las exigió a todos, "no importa el partido o el color político. Que nadie dé la callada por respuesta", añadió.

Como alternativa a la demolición, en mayo de 2006, el anterior gobierno local (PP) remitió a la Consellería de Cultura y al TSXG un "proyecto básico de restauración de la legalidad urbanística" que proponía levantar ante el Piricoto una pantalla vegetal que anulara o aminorara su impacto visual, pero no hay constancia de ninguna respuesta y, de producirse en fechas próximas, tampoco se sabe el efecto que pudiera surtir sobre la orden de demolición.

Tampoco el nuevo plan general aporta por sí mismo la legalización de los muchos edificios de Vigo con orden de demolición (Finca do Conde, Rosalía de Castro, Jacinto Benavente, torres Ifer, aparthoteles de Samil, chalés adosados de Canido) y que suman en total unas 2.000 viviendas ilegales. Los afectos tendrán que reclamar su legalización ante los tribunales y serán éstos los que finalmente ordenen la solución a tomar.

Por otra parte, el alcalde vigués y la delegada del Estado en la Zona Franca, Teresa Pisano, firmaron ayer dos convenios urbanísticos por los que el organismo estatal desarrollará 1,3 millones de metros cuadrados de suelo industrial en el municipio. El primero de los convenios permitirá desarrollar el polígono de Matamá-Valladares, donde se habilitará la ciudad del frío para acoger preferentemente las industrias frigoríficas ahora asentadas en Beiramar y cuyos solares el plan general de urbanismo convierte en residenciales. Las obras de urbanización del polígono de Matamá no comenzarán hasta 2012.

El otro convenio firmado ayer prevé la ampliación del Parque Tecnológico y Logístico de Valladares en 240.000 metros cuadrados. En 2012 empezarán a venderse las parcelas. El suelo industrial gestionado por la Zona Franca en Vigo alcanzará así los tres millones de metros cuadrados.