Tejas desafía a la justicia internacional

"El Tribunal de La Haya no tiene jurisdicción en Tejas". Rick Perry, el polémico gobernador del Estado de EE UU que más aplica la pena capital, zanjó el martes con estas palabras todas las dudas respecto al destino de José Ernesto Medellín. Pese a las protestas del Gobierno mexicano y la petición de la Corte Internacional de Justicia de que se revisara su caso, este mexicano de 33 años, en el corredor de la muerte desde hace 15 por la violación y asesinato de dos adolescentes tejanas, fue ejecutado el martes por la noche en la cárcel de Huntsville.

Ni siquiera la intervención de George W. Bush, que había solicitado la revisión de la condena, pudo de salvarle: en marzo, el Tribunal Supremo estadounidense sentenció que el Gobierno federal no tenía la "autoridad unilateral" para hacer cumplir a los tejanos los dictámenes de la justicia internacional. La petición, elevada hasta el mismo tribunal por los abogados de Medellín para frenar la ejecución, fue rechazada por cinco votos cuatro horas antes de que ésta se llevara a cabo.

En la sentencia, el voto discordante del juez Stephen G. Breyer dejó constancia de las implicaciones que puede tener la ejecución: "Estados Unidos violará las leyes internacionales y romperá nuestros compromisos con el tratado de Viena".

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares garantiza a cualquier detenido extranjero el derecho a pedir ayuda al consulado de su país, algo que no fue aplicado ni en el caso de Medellín ni en el de al menos 50 mexicanos más que se encuentran en el corredor de la muerte en EE UU.

El Gobierno mexicano hizo pública su indignación a través de un comunicado en el que se afirma que la condena se ha cumplido "en claro desacato" a una orden de La Haya y "violando el derecho internacional".

Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que se sumaron a la campaña para evitar la ejecución, advirtieron que la muerte de Medellín creará un precedente peligroso. El ex embajador estadounidense en México, Jeffrey Davidow, es de la misma opinión. "Incumplir nuestras obligaciones puede reducir nuestra capacidad para proteger a nuestros ciudadanos en el extranjero", declaró ayer a Los Angeles Times.