Urkullu asegura que la consulta no busca cambiar el estatus de Euskadi

La tesis del Gobierno de Vitoria está muy clara. El Ejecutivo central está equivocado al considerar que preguntar a los vascos sobre una negociación de los partidos en torno a su "derecho a decidir" y que el acuerdo que se alcance en ella se someta a referéndum antes de 2010 no persigue una ulterior modificación del encaje constitucional de Euskadi en España.

"Se pretende forzar al Gobierno a seguir los dictados del 'lehendakari"

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y los portavoces y coordinadores de las formaciones que apoyan la consulta del lehendakari Juan José Ibarretxe -recurrida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- presentaron ayer ante el Tribunal Constitucional sus alegaciones. Acto seguido calificaron de "provocación" que el Gobierno haya originado con su recurso la suspensión de la ley que regula la consulta.

El presidente del PNV, rodeado del líder de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta; el coordinador de EB, Javier Madrazo, y el de Aralar, Patxi Zabaleta, elevó el tono contra Zapatero en su comparecencia posterior. Urkullu aseguró que el recurso del Gobierno parece buscar "la confrontación institucional y social" y "atenta contra el derecho ciudadano a participar en asuntos públicos, contenido en el artículo 23 de la Constitución".

Porque, según el presidente del PNV, la consulta "no constituye una obligación jurídica para el Estado" ni busca "cambiar el marco constitucional". Además, "no es vinculante" y su único objetivo es dotar a las instituciones y partidos vascos de "un instrumento democrático de orientación".

La ley de consulta vasca está suspendida al amparo del artículo 161.2 de la Constitución, que prevé que el Constitucional deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. Por esa razón solicitan al Constitucional que levante la suspensión y resuelva el recurso antes del 15 de septiembre para que el Gobierno de Vitoria tenga tiempo de organizar la consulta, prevista para el 25 de octubre.

El abogado del Estado, que también ayer presentó sus conclusiones, se opone firmemente a que se levante la suspensión de una ley cuyo objetivo es, a su entender, "proporcionar al lehendakari un instrumento de presión" frente al Gobierno. "Como el presidente del Gobierno español no ha querido negociar con el lehendakari en el momento elegido por éste", dice, "se pretende movilizar al electorado vasco para forzar esa negociación".

Para el abogado del Estado, la realización de esa consulta de acuerdo con el calendario de la ley vasca sería crear el precedente de que es posible utilizar un referéndum para forzar políticamente al Gobierno español a seguir los procedimientos políticos del lehendakari.

El interés que pretende defender el recurso del presidente del Gobierno es, según el abogado del Estado, contrarrestar el intento de "manipular o instrumentalizar" al electorado vasco para forzar la voluntad política del Gobierno de España en asuntos que afectan a todos los españoles. No obstante, ratifica la conveniencia de que el Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad antes del 15 de septiembre.