Financiación autonómica, algunas paradojas

No cabe duda de que la posible reforma o actualización del sistema de financiación autonómica se ha convertido en una de las prioridades de los Gobiernos autonómicos en España. Tras las reformas de los Estatutos de algunas comunidades autónomas, la publicación de las balanzas fiscales por parte del Ministerio de Economía y Hacienda ha venido a ampliar el ya vasto repertorio de argumentos y consideraciones que las comunidades y la Administración del Estado pueden esgrimir y defender legítimamente a la hora de sentarse a abordar el estado actual de nuestro sistema de financiación.

La publicación de las balanzas fiscales supone, según el Gobierno de España, un ejercicio de transparencia. Para los Gobiernos de algunas comunidades autónomas también (a pesar de unos resultados que quizás les hayan sorprendido). Pero para los Gobiernos de otras, que nunca lo habían solicitado, dicha publicación se ha convertido en la confirmación de algo que siempre habían venido sosteniendo: la solidaridad es un principio básico en el actual Estado de las autonomías. Y la solidaridad es algo que se ejerce sin que ello suponga a priori una excusa para exigir ganar posiciones en una negociación sobre financiación autonómica, ni que deba servir como causa de enfrentamiento entre territorios.

La Comunidad Valenciana, una de las más solidarias, sólo pide reconocimiento

Las balanzas fiscales no hablan de las personas. El modelo de financiación, sí

Las balanzas fiscales publicadas demuestran que la Comunidad Valenciana es una de las cuatro autonomías más solidarias de España. Y no exigimos nada a cambio. Nada a cambio, salvo que ello se reconozca. Y desde luego, los resultados que dichas balanzas ofrecen no deben ni van a servir para que la Generalitat adopte posturas que puedan entenderse como insolidarias a la hora de abordar el estado de un modelo que por fin parece que se va a reformar o actualizar.

Desde la Comunidad Valenciana hemos venido manteniendo que el actual modelo es adecuado, aunque precisa una actualización cada vez más inaplazable de la variable población. Actualizar esta variable significa tener en cuenta cada uno de los habitantes que la componen y que en definitiva son los destinatarios de los servicios que venimos prestando, especialmente en materia de gasto social.

Las balanzas fiscales no hablan de personas. El modelo de financiación, sí.

Ello nos lleva a una primera paradoja. Cuando el presidente Rodríguez Zapatero argumenta que nunca congelará las prestaciones sociales, ¿a cuáles se refiere? Hoy la sanidad, la educación y los servicios sociales son competencia de las comunidades autónomas y no del Estado. Quien aplaza la actualización de la variable población en el modelo es quien acaba recortando lacapacidad de las comunidades autónomas para atender dichas prestaciones. Y si no, que se lo pregunten a ese millón más de valencianos que el actual modelo viene ignorando sistemáticamente en la actualidad. Rodríguez Zapatero aparece como un defensor de la sociedad de bienestar que hoy garantizan las autonomías con los recursos del sistema de financiación. No actualizar la población es poner en peligro una suficiencia financiera del sistema que hoy ya se ha convertido en deseo más que en realidad. Aunque Rodríguez Zapatero siempre la mantendrá como principio en su vago e impreciso decálogo de bases para la reforma, donde, por cierto, el de solidaridad no aparece.

Hasta ahora he hablado de solidaridad y suficiencia. Pero no de lealtad. Con ello llegamos a una segunda paradoja. No es de extrañar que quien afirma que no recortará unas prestaciones sociales que otros garantizan, no reconozca que son las comunidades autónomas a las que sufragan gran parte de las prestaciones de una Ley de Dependencia socialmente muy deseable pero que en el marco del actual sistema de financiación pronto puede tornarse en financieramente difícil de asumir. Paradójicamente, ésta es la lealtad institucional de nuestro actual sistema.

Y ahora, llegamos a una tercera paradoja, que no es otra que la que caracteriza la situación actual de la Comunidad Valenciana. Las balanzas fiscales sitúan a la Comunidad Valenciana como una de las cuatro comunidades más solidarias, junto con Madrid, Cataluña y Baleares. Según las mismas, la Comunidad Valenciana se sitúa con un saldo negativo entre el 3,22% y el 6,40% de su PIB.

Ninguna de estas cuatro comunidades presenta un PIB per cápita por debajo de la media española, salvo la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, de estas cuatro comunidades, la Comunidad Valenciana es la que menor financiación por habitante recibe de acuerdo con datos de la liquidación del ejercicio 2006 (2.405,57 euros), mientras que la media española se sitúa en 2.630, 37 euros. Las actuales diferencias en financiación per cápita son una de las cuestiones que una reforma del modelo debería resolver actualizando la variable población.

Pero es que, además, la Comunidad Valenciana es de las cuatro anteriores la única que, junto a la Comunidad de Madrid, no ha blindado el volumen de inversión pública estatal tras la reforma de su Estatuto de Autonomía. Si las balanzas fiscales publicadas se refieren al ejercicio 2005, las correspondientes al 2008 convertirían a la Comunidad Valenciana en la más solidaria desde un punto de vista técnico del Estado Español. Y ello porque su ahora reconocida solidaridad, paradójicamente, contrasta con su posición en renta per cápita y financiación por habitante.

Ante la revisión del modelo, desde la perspectiva de la Comunidad Valenciana será necesario introducir actualizaciones automáticas de la población, asumiendo que, debido a los desequilibrios verticales que su no actualización ha generado, el aumento en los recursos tributarios difícilmente será suficiente para cubrir sus necesidades de gasto.

De hecho, los gastos de sanidad han crecido en la Comunidad Valenciana, en el periodo 99-06, un 79,5%, mientras que la financiación per cápita lo ha hecho en un 72,7% a lo largo del mismo periodo.

Pero lo verdaderamente relevante, teniendo en cuenta que nadie pudo prever cómo evolucionaría posteriormente la población una vez aprobado el modelo, sería considerar dos aspectos esenciales que no se deberían obviar, teniendo especialmente en cuenta:

1. La falta de actualización del cálculo de las necesidades de gasto, que genera desventajas comparativas en las comunidades autónomas en las que el crecimiento demográfico ha sido mayor.

2. Los ajustes ad hoc que se aplicaron al reparto en el año base, que distorsionaron los resultados de un modelo en el que la variable clave del reparto era la población, ampliando las diferencias de financiación per cápita.

Si ya he hablado de solidaridad, suficiencia y lealtad, termino aludiendo a un principio que no inspira nuestro actual modelo de financiación autonómica, pero sí debería formar parte del ideario político de todo Gobierno democrático. El de la responsabilidad.

Y ello me lleva a referirme a una cuarta paradoja. ¿Cómo es posible que Rodríguez Zapatero impulse una reforma de la Ley de Estabilidad introduciendo el componente del ciclo económico que, al sernos desfavorable, ha sido deliberadamente ignorado al efectuar los escenarios de estabilidad de las comunidades autónomas para el trienio 2009-2011?

Primero se aprueban unas previsiones de crecimiento que se sabe no se van a cumplir y luego se modifican imponiendo a las comunidades objetivos de equilibrio presupuestario completamente irreales. A continuación, y asumiendo que dichos objetivos no se van a cumplir, se vuelven a modificar las previsiones. Y, claro, ahora ya se admite que las comunidades deberán incurrir en déficit para, manteniendo su nivel de inversión, sufragar unas prestaciones sociales que Rodríguez. Zapatero no paga, pero dice que no recorta.

¿Por qué no reformamos responsablemente el actual marco jurídico-institucional para que sea la Administración del Estado la que asuma el déficit que sistemáticamente ha venido trasladando a las comunidades autónomas, y acabe financiando a las mismas de acuerdo con sus necesidades reales de financiación?

Responsablemente, es lo que hoy debería asumirse sin poner en peligro la estabilidad presupuestaria global. Ésa sería la forma responsable de no recortar unas prestaciones sociales que, comunidades como la valenciana, han venido garantizando con los recursos del actual sistema, alcanzando el equilibrio presupuestario y aplicando planes de estabilidad que, por cierto, el Estado no se ha aplicado a sí mismo desde que Rodríguez Zapatero gobierna este país. A lo peor, 400 euros ya no importan a nadie.

Gerardo Camps Devesa es vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y consejero de Economía, Hacienda y Empleo.