Seis comunidades se alían contra el modelo catalán de financiación

Noroeste frente a Este, o Atlántico contra Mediterráneo. El Gobierno no ha logrado evitar la formación de bloques en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica y la reforma encara su recta final con posiciones enfrentadas, aparentemente irreconciliables y con un lenguaje que sube de tono. Seis comunidades autónomas de distinto signo político escenificaron ayer la estrategia común del frente Noroeste -Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón y Extremadura- con un rechazo a la limitación del mecanismo de solidaridad que propone Cataluña. Y con un órdago al Gobierno.

El PSC amenazó con pedir el cupo vasco si no se atienden sus demandas

La propuesta del Ejecutivo se basa en reforzar como criterio de reparto la población, ante los cambios experimentados en los últimos años por el boom migratorio. El frente Atlántico subrayó ayer que para dar luz verde al nuevo sistema la población deberá pesar "menos que en el actual modelo" en el reparto de los fondos.

En concreto, la población deberá ponderar "entre un 70% y un máximo del 80%", complementada por otras variables como envejecimiento, dispersión, extensión geográfica, orografía e insularidad, explicó el consejero asturiano Jaime Rábago en un encuentro en La Granda (Gozón, Asturias) con los responsables de Hacienda de las seis comunidades. "No se puede revisar el modelo atendiendo sólo a la población", dijo. En el sistema aprobado en 2001, con datos de 1999, la población pesaba en torno a un 90%.

Las posturas están cada vez más alejadas. El presidente andaluz, Manuel Chaves, ha asegurado que "no se trata de cambiar el modelo, sino de mejorarlo", lo que desde Cataluña se interpreta como un lampedusiano "que todo cambie para que todo siga igual". Y los partidos catalanes vuelven a la carga: el PSC amenazó ayer con pedir el concierto económico vasco para Cataluña si la reforma no atiende las demandas catalanas. Las seis comunidades reunidas en Asturias calificaron esa reacción de "pataleta" y denunciaron que la propuesta catalana de limitar la solidaridad a sanidad, educación y servicios básicos "rompe las costuras de la Constitución", dijo el consejero extremeño Ángel Franco (PSOE). "Extremadura va a estar radicalmente en contra de un modelo que sólo garantice la suficiencia en los servicios fundamentales y no en el resto de las competencias transferidas, como ha sucedido hasta ahora".

Cataluña se alinea con la Comunidad Valenciana y Baleares en las demandas relativas a reforzar el peso de la población. La consejera de Hacienda de Castilla y León (PP), Pilar del Olmo, reiteró que los cambios en la población explican como máximo el 80% de las necesidades de financiación de las autonomías, y exigió que se conceda más peso al envejecimiento, la dispersión y la extensión geográfica, así como que "estén garantizados los recursos para todos los servicios públicos, no sólo para los fundamentales". "Vamos a votar no a todo lo que suene a nivelación parcial y a cualquier cambio en el modelo que quiera imponerse bilateralmente y no por unanimidad. El modelo actual [negociado por PP y CiU en 2001] se aprobó por unanimidad", recordó Del Olmo. La reforma que propone el Gobierno afecta a las comunidades de régimen común, pero una vez abiertas las hostilidades nadie queda ya a salvo de la disputa.

El frente Atlántico reclamó que la solidaridad, a diferencia de ahora, "se extienda también a las comunidades forales". "El cupo vasco fue una decisión colectiva y hay que respetarla, pero ha llegado el momento de decir que es injusto que las comunidades forales tengan el doble de financiación por habitante y eso les permita competencia tributaria desleal, con bajadas fiscales que sufren las comunidades limítrofes", dijo el consejero cántabro Ángel Agudo.