La Generalitat dará 20 años de plazo a Endesa para cumplir la 'ley del apagón'

Las empresas eléctricas responsables de la red de distribución y transporte en Barcelona, Fecsa-Endesa y Red Eléctrica Española (REE), pueden respirar. Sobre todo Endesa, sobre la que recae el grueso de las exigencias contenidas en la nueva ley eléctrica autonómica impulsada tras el apagón del verano pasado en la capital catalana. Tendrán un plazo mucho más largo del que les había dado inicialmente el Gobierno catalán para que cumplieran con todas esas nuevas exigencias. No tendrán dos años de plazo: tendrán 20. Además, algunas exigencias a las compañías se relajarán, según se desprende de las enmiendas presentadas por los partidos en el Gobierno catalán (PSC, ICV y ERC).

En esencia, la nueva ley impulsada por el Departamento de Economía, responsable de Energía, pretende avanzar hacia un diseño de red eléctrica mallada de modo que, en caso de que falle una subestación eléctrica, los abonados de la zona puedan recibir suministro alternativo de otra. Nadie cuestiona la buena intención de amarrar las obligaciones a las empresas responsables, multadas con 21 millones de euros por la Generalitat tras el apagón de 2007, pero el proyecto de ley en sí ha recibido un baño de críticas.

El Colegio de Ingenieros Industriales consideró "inviable" el calendario previsto, sugirió que habría que abrir el 75% de calles de Barcelona porque la ley implicaba duplicar las infraestructuras y juzgó "sin sentido" algunos requerimientos, como "la unificación de la tensión de la red de distribución hacia un estándar de 25 kilovoltios [kV], para tensiones de hasta 36 kV".

Esta exigencia es una de las que dispararía más los costes. Endesa, que ha estimado en 3.500 millones de euros el coste total de las nuevas exigencias legales, afirma que el 60% del tendido de Barcelona es de 11 kV. Endesa criticó que la Generalitat se centrara en que toda la red de media tensión fuera de 25 kV y que "olvidara" la red de alta tensión de REE.

Pero la Generalitat no irá tan lejos como estaba previsto. Una de las enmiendas conjuntas de ICV, el PSC y ERC sólo obliga a la tensión estándar de 25 kV a las "expansiones futuras" de la red y cuando se sustituyan "instalaciones obsoletas". La red de 11 kV se permite de forma "excepcional" o "donde no sea posible por razones técnicas" la de 25 kV. Para aplicar estos cambios, el tripartito concede 20 años de plazo.

La patronal Unesa dijo que si hay sobrecoste, tiene que asumirlo la comunidad autónoma. Y, según los ingenieros, repercutirá el coste en las tarifas, algo que también temieron las asociaciones de consumidores. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) alertó de los "sobrecostes" de las normativas autonómicas. PP y CiU hablaron de "intervencionismo" público.

Al margen de las mencionadas exigencias de la unificación de red de media tensión, el plazo para el resto de exigencias se mantiene en dos años. Pero no a contar a partir de la entrada en vigor de la ley, como antes, sino, según las enmiendas, dos años a partir de "la puesta en servicio de las instalaciones de transporte necesarias que contempla la Planificación de Desarrollo de la Red de Transporte 2008-2016".

Otro aspecto en que el Gobierno catalán ha aceptado rebajar sus exigencias es el de que, al construir nuevas subestaciones, ya no prevé que éstas tengan transformadores de reserva que supongan "un 30% de potencia nominal de la instalación", sino el 25%. El nivel de cortes de suministro por 100 km/año se calculará no sobre las líneas principales de media tensión, sino sólo sobre "el tramo básico" de esas líneas principales.