Público, privado y otros debates

La clásica distinción entre la esfera pública y la privada sigue centrando muchos debates y polémicas, a pesar de los problemas de acomodación a una realidad más compleja. Asistimos ahora al conflicto de diversas fuerzas políticas y sociales en torno a la redacción final del proyecto de Ley de Educación que debe presentarse para su ulterior debate en sede parlamentaria. Uno de los ejes principales del conflicto es la existencia de centros educativos de titularidad privada que, en cambio, forman parte de la oferta pública de enseñanza obligatoria. Estos centros, desde la perspectiva de una buena parte de los más críticos con el proyecto, acumulan ventajas en su adscripción a la oferta educativa pública (en forma de conciertos económicos con la Administración), pero eluden los costes y potenciales desventajas que ello implica (al seleccionar de hecho los alumnos que admiten en sus centros). En otro orden de cosas, hace unos días y en estas mismas páginas, Carlos Losada, director general de ESADE, manifestaba su extrañeza ante el hecho de que la iniciativa de creación de la marca Universidad de Cataluña por parte de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), no hubiera contado con las universidades no públicas que operan en Cataluña, rompiendo así una "tradición cívica de cooperación entre lo público y lo privado" que se da, afirmaba, en la enseñanza, en la sanidad o en el ámbito cultural. Y acababa manifestando: "No es la titularidad lo decisivo, sino la calidad y la excelencia que aportan para desarrollar una sociedad mejor. Tengamos valor y diferenciemos por calidad... pero no marginemos por titularidad".

La calidad se ha de medir en la capacidad de retorno social de la actividad de formación e investigación

Lo cierto es que al margen de los deseos o preferencias de cada quien, la realidad catalana en relación con los servicios educativos, sanitarios y de muchos otros tipos, expresa un notable pluralismo de protagonismos desde las distintas esferas: de iniciativa mercantil-privada, de iniciativa social, de titularidad pública. Ello sin duda ha diferenciado históricamente a Cataluña de otras zonas de España, en las que el protagonismo público ha sido casi absoluto. Desde mi punto de vista, esa mayor complejidad no es un problema. Al revés, esa tradición de emprendiduría privada y social es algo de lo que alegrarnos, sobre todo recordando que en otros momentos, la falta de iniciativa y de compromiso de las administraciones públicas venía compensada por esa capacidad de movilización social. La pluralidad y complejidad social es un signo de riqueza y de urdimbre civil que demuestra la fortaleza y la capacidad de una comunidad. Tratar de simplificar esa realidad, publificando todo lo susceptible de ser publificado, sería un tremendo error. Pero, dicho todo lo cual, tampoco podemos ser ingenuos.

Una actividad puede o no ser regulada desde la esfera pública. Toda actividad, esté o no regulada, puede ser objeto de financiación pública, en forma de subvención o por cualquier otra vía. Y evidentemente, cualquier actividad (regulada y/o financiada públicamente) puede ser gestionada y prestada tanto desde la esfera pública, con personal y bajo formas de gestión específicas del sector público, como desde el sector mercantil o social, con sus propias lógicas. Las actividades que gozan de financiación pública para que presten un determinado servicio, han de ser controladas. No sólo a efectos de que cumplan la normativa, sino también para que usen los recursos públicos de manera consistente con los objetivos y las especificaciones que el servicio exige. De manera que la falta de control directo se vea compensada por una eficaz inspección y evaluación de sus actividades. La financiación pública exige cumplir no sólo la regulación, sino que normalmente implica el seguimiento en la forma en que debe desarrollarse un servicio concebido como público, pero que se presta desde la esfera no pública. A nadie le obligan a aceptar la financiación pública de sus actividades. En cambio, las instituciones públicas no pueden escoger habitualmente el ámbito o localización de sus servicios, sino que ello viene definido por las necesidades públicas y por las normas existentes al efecto.

Las obligaciones del sector público no son sólo la eficiencia o la calidad de sus servicios, sino también la equidad en el acceso y la no discriminación. En esa línea, tan definitorio de la calidad de un servicio es que los alumnos salgan bien preparados del centro, o con buenos niveles de salud del hospital, como que ese centro o ese hospital. de titularidad no pública pero financiado con fondos públicos, no haya discriminado a nadie por razones ajenas a la regulación que cubre y obliga tanto a los proveedores públicos como a los privados. No deberíamos admitir que un centro sanitario de la red pública de salud (de la titularidad que sea) deje de aceptar a un enfermo por los costes que implicaría su ingreso. Y tampoco deberíamos admitir que una escuela busque la manera de evitar cierto tipo de alumnado usando todo tipo de estrategias (y ello ocurre quizá en algunos centros públicos, pero los datos y evidencias disponibles apuntan a que se da mucho más menudo en los concertados). Si ampliamos el marco a servicios públicos no estrictamente universales y altamente protegidos (como la enseñanza obligatoria o la salud básica), veremos como, por ejemplo, las universidades públicas no tienen una oferta estrictamente limitada a los estudios considerados rentables, sino que asumen las obligaciones derivadas de su estatuto y aseguran también que se puedan estudiar titulaciones que difícilmente encontramos en centros privados. La calidad y la excelencia no se limitan a las clasificaciones sobre atractividad de determinados estudios, sino también en la capacidad de retorno social de la actividad de formación e investigación. El debate de estos días sobre la nueva Ley de Educación de Cataluña resulta muy significativo, ya que, más allá de los entresijos de la ley, pone de relieve la necesidad de ser más cuidadosos sobre lo que entendemos que deba ser la financiación pública de determinados servicios y el control sobre sus resultados. Cataluña tiene la suerte de tener una gran pluralidad de actores e instituciones en ámbitos tan significativos para el bienestar de la ciudadanía como son la educación, la sanidad o los servicios sociales. No deberíamos perder esa riqueza, ni tampoco la capacidad de dirección estratégica que la sociedad ha otorgado a las instituciones públicas en forma de legitimidad política y en forma de contribución impositiva.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.