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Editorial:

Sin derecho al insulto

La sentencia condenatoria a Losantos emplaza a los obispos a explicar adónde llevan la Cope

Los jueces están devolviendo a Federico Jiménez Losantos, en forma de sentencias condenatorias, el caudal de insultos, falacias y calumnias que este locutor a sueldo de la Conferencia Episcopal viene vertiendo cada mañana en su programa radiofónico en la Cope. Fue condenado ya a una multa de 20.000 euros por un delito de injurias graves con publicidad al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y ahora lo ha sido al pago de 100.000 euros para resarcir los daños morales por una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor del ex director del diario Abc José Antonio Zarzalejos.

Punto común en las dos sentencias es una aclaración sobre los derechos constitucionales: el de insultar no está protegido por la Ley Fundamental. La libertad de expresión, como cualquier otra, no es absoluta y puede entrar en colisión con otras libertades y derechos, que a veces deben prevalecer por ser mayor el bien que debe protegerse. Función de los jueces es determinar en el caso por caso cuál de las libertades y derechos constitucionalmente protegidos debe imponerse. Y es en el caso por caso donde a Losantos le están saliendo muy mal las cosas, pues la prevalencia de la libertad de expresión exige varios requisitos: el interés general, la veracidad y el carácter no injurioso de la declaración que se juzga. Es fácil demostrar que en un caso como en el otro el único interés era el particular de Losantos: nada había de veraz en sus afirmaciones y primaba el deseo de humillar a la persona objeto de sus imprecaciones.

El interés general, cuando se trata de críticas a personalidades públicas, permite apelar también al derecho a controlar el poder y a la defensa del pluralismo, casos que tampoco se dan cuando termina primando el insulto por el insulto, en su más gratuita voluntad vejatoria, sin conexión alguna con la formación de la opinión pública. La Conferencia Episcopal todavía no ha ejercido la vigilancia a la que está obligada sobre esta tribuna radiofónica, tan disonante, al menos formalmente, con el ideario que dicen defender los obispos. Puede que sea cuestión personal del arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco Varela, empeñado en apoyar a este locutor mentiroso y lenguaraz, pero es el conjunto de los obispos quienes toleran el mantenimiento de unos espacios donde son norma, nada evangélica, la descarada manipulación informativa y una impía ferocidad imprecatoria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de julio de 2008