El Gobierno de EE UU contrató a jueces y fiscales con criterios políticos

Tres ex empleados del Departamento de Justicia violaron las leyes federales de EE UU al contratar a jueces y fiscales con criterios políticos. Monica Goodling, Kyle Sampson y Jan Williams, tres altos cargos políticos de la Administración del presidente George Bush, convirtieron decenas de entrevistas de trabajo en verdaderos interrogatorios políticos en los que preguntaban a los aspirantes sobre el aborto, el matrimonio homosexual o la tenencia de armas.

"No era algo aislado, sino una práctica sistemática", dice un informe de Justicia

"Las pruebas demuestran que estas violaciones no eran algo aislado, sino sistemáticas en su naturaleza", según reveló el lunes un informe elaborado por el Inspector General de Justicia. "Convirtieron a la Casa Blanca en la única fuente autorizada para proponer candidatos".

En la cúspide de este proceso político de contrataciones se encontraba Monica Goodling, de 34 años, que antes de trabajar para el Gobierno había sido investigadora en la Convención Nacional Republicana del año 2000. Se incorporó a la oficina de prensa del Departamento de Justicia en 2002. Su perfil de joven conservadora y rabiosamente cristiana le permitió escalar puestos hasta convertirse en 2006 en uno de los enlaces con la presidencia del entonces fiscal general, Alberto Gonzales.

Entre 2005 y 2007, Goodling pudo contratar a fiscales y jueces encargados de asuntos migratorios sin ningún tipo de control por parte de sus superiores. Vetó a aspirantes con currículos impecables sólo porque familiares suyos tenían conexiones con el Partido Demócrata. Prefirió dar puestos de trabajo a personas inexpertas que se declararan en contra del aborto o del matrimonio gay.

Sus subordinados bautizaron a Goodling como "aquella a la que se debe obedecer". "Un candidato", dice el informe, "reveló que, después de decir que admiraba a la secretaria de Estado Condoleezza Rice, Goodling frunció el ceño y dijo que [Rice] estaba a favor del aborto".

El Inspector General ha tenido acceso a diversos informes que Goodling elaboró sobre los distintos candidatos. La mayoría de las valoraciones de esta abogada contenían juicios políticos como éstos:

-"¿Qué tiene Bush para que quieras servirle de este modo?".

-"Dile a Brad que puede contratar a otro buen americano"

[refiriéndose a alguien con contactos con el Partido Republicano].

-"Te adjunto el currículo de una abogada joven y conservadora. Alguien a considerar".

La normativa interna de Justicia deja claro que hay dos tipos de puestos en este Departamento. Por un lado, se encuentran los "empleos políticos", dependientes de cada Administración. Y los "puestos de carrera", para los que sólo cuenta la experiencia laboral del aspirante y sobre los cuales se debe ignorar cualquier afiliación política. Tanto los fiscales como los jueces que contrataron Goodling y su equipo deberían haber sido empleados "de carrera".

Jan Williams, que, como Goodling, trabajó como enlace con la presidencia, reveló al inspector general que la Casa Blanca le había enviado un correo electrónico el 17 de mayo de 2005 en el que le animaba a ser "creativa" y a encontrar pronto "puestos de trabajo para una lista de 100 personas que, hasta ahora, han sido muy leales al presidente". Williams respondió: "Os prometo siete puestos de trabajo en 40 días y 40 noches. ¡Que comiencen los juegos!". Goodling y Sampson dimitieron en marzo de 2007 por su implicación en el despido de al menos nueve fiscales por motivos políticos. Su jefe, el responsable de Justicia, Alberto Gonzales, dimitiría por las mismas razones seis meses después.