400 contratos ilegales en el transporte público escolar

Las 2.252 rutas del transporte escolar con sus correspondientes acompañantes y los comedores de los colegios costaron a la Xunta 142 millones de euros en 2005. Unos gastos que suponen el 7,8% del presupuesto de la Consellería de Educación y el 1,5% de toda la Xunta. Los datos contenidos en el último informe del Consello de Contas vienen a echarle una mano al Gobierno gallego en su empeño por que el nuevo modelo de financiación prime criterios que encarecen los servicios públicos en Galicia, como el envejecimiento y la dispersión de la población. La auditoría señala que en esta comunidad son el triple -frente al resto de España- los alumnos que deben utilizar el autobús para acudir a clase.

Pero junto a la estadística más o menos conocida, Contas coloca otras menos alentadoras, que prueban que el anterior Gobierno del PP suscribió 400 contratos con empresas de autobuses sin cumplir la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas. Se refiere a los contratos de transporte que la Xunta de Fraga prorrogó en 1999 y hasta 2010 a medio centenar de compañías.

Según el dictamen, que anima a la Xunta a introducir verdadera competencia en el sector, la Consellería de Educación vulneró la libre concurrencia, la publicidad y la no discriminación obligatorias en la contratación pública. El dictamen señala además que durante las dos prórrogas se acordaron incrementos de precios en los contratos. Como la subida lineal de un 4,14% del precio del servicio, firmada en 1999 para paliar el alza de los combustibles en virtud de una cláusula que, sin embargo, no logró rebajar el coste dos años después con la bajada del petróleo. Contas estima que también entonces la administración debió aplicar una rebaja del 0,8% que hubiera ahorrado a las arcas públicas más de un millón de euros.

Deber del bipartito

En la segunda prórroga, en 2002, Educación volvió a incrementar el importe del servicio para compensar la adaptación de los vehículos al transporte de minusválidos. Se trató de una subida pactada por cuatro años no consolidable en la base de los contratos. Pero no consta al organismo fiscalizador que el bipartito haya rebajado el coste del servicio a las empresas a finales de 2006, cuando tocaba, después de que éstas hubieran ingresado más de 14 millones de euros adicionales para adaptar sus autobuses.