Contas afirma que la Xunta de Fraga eximió de un tributo a las eléctricas

El Consello de Contas no ha podido determinar el número de concesiones hidroeléctricas que los sucesivos gobiernos de Fraga otorgaron en la Galicia de los mil ríos. Aunque los colectivos ecologistas cuentan más de 100 saltos, en la Administración autonómica no existe "un registro actualizado y completo" de las licencias. Tampoco consta estudio alguno sobre el impacto global de todos los aprovechamientos "que generan el 3,2% de las energías renovables en una comunidad excedentaria".

El saneamiento es deficiente en el 42% de las poblaciones de 2.000 habitantes

Y, sin embargo, el último dictamen del organismo fiscalizador que auditó el ejercicio 2005 de la empresa pública Augas de Galicia, adscrita a la Consellería de Medio Ambiente, alerta de la "sobreexplotación en determinados ríos" y cuestiona "el elevado número de concesiones para minicentrales teniendo en cuenta la afección medioambiental que producen". Contas censura que la Xunta haya primado "las solicitudes con mayor potencial energético aunque generasen mayores agresiones ambientales". Y que olvidase exigir el "tributo que grava la ocupación y uso de dominio público".

El examen constituye un verdadero manual de qué no hacer desde una administración pública. Revela que la Xunta otorgó licencias para construir pequeños saltos en cauces fluviales "con informes previos desfavorables de las consellerías de Agricultura y Medio Ambiente y sin valorar la capacidad financiera y técnica de las adjudicatarias, empresas que en algún caso se constituyeron la víspera del concurso público". El dictamen de Contas evidencia la habitual lentitud de la Administración que resolvió fuera de plazo el 72% de las concesiones otorgadas (416) en 2005. Pero también sus prisas por satisfacer a empresas concretas que lograron licencia el mismo día en que se redactaron los informes preceptivos.

La hiperactividad del último Gobierno de Fraga a la hora de colocar presas en los ríos contrasta con el nulo avance de la red de saneamiento. El 42% de las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes incumplía a finales de 2005 los parámetros de depuración exigidos por la Unión Europea. Como ejemplo, la provincia de A Coruña donde "la mitad de las redes de saneamiento no logra depurar la carga contaminante que recibe". En su último informe de fiscalización, Contas advierte de que la Administración hidráulica "no cumple la ley, ya que de las 100 depuradoras existentes sólo once son explotadas por Augas de Galicia que tampoco dispone de infraestructura para tratar los lodos".

El dictamen se adentra en cuestiones administrativas. Contabiliza 41 contratos de consultoría y asistencia técnica en ese año, "de los que más de un tercio" eran "difícilmente justificables". La auditoría reprocha que se ceda la potestad de sancionar a una empresa privada que, a pesar de que existen "multitud de supuestos de infracción, sólo impuso una multa". Y llama la atención sobre la concentración de contratos por parte de alguna sociedad. Entre 1996 y 2005 la firma Ingeniería de Vertidos SL, cobró 7.277.550 euros a los que hay que sumar 2,4 millones más "en concepto de prórrogas y modificaciones".