El Ejecutivo vasco alegará que su consulta no es un referéndum

El Gabinete de Juan José Ibarretxe está preparando las alegaciones al recurso planteado ante el Tribunal Constitucional por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero para frenar la consulta del lehendakari, paralizada por ese tribunal. El plazo acaba el 8 de agosto. El Gobierno vasco planteará en sus alegaciones que se levante la suspensión que pesa sobre la ley que da cobertura a las intenciones del lehendakari de consultar a los vascos.

En las alegaciones, sostendrá que la iniciativa del Ejecutivo autónomo es una consulta y no un referéndum de los regulados en el artículo 92 de la Constitución y que por ese motivo no necesita de autorización del Estado. También, que no pretende con "esta ley y en este momento inventarse un sujeto constituyente". Por lo que, en opinión del Gabinete vasco, no se está produciendo ningún "atentado a la soberanía nacional" ni a la "unidad del Estado español".

Desde el Ejecutivo vasco se sigue subiendo peldaños en la crítica contra la iniciativa del Gobierno central de impugnar la ley de consulta. Si el pasado 15 de julio, Ibarretxe hablaba abiertamente de "suspensión de facto del autogobierno vasco", ayer incluso se cuestionó la actitud "prepotente y arbitraria" de Zapatero, "impropia de un gobernante que se tenga por un auténtico demócrata".

En el análisis del Gobierno preparatorio de las alegaciones se calificó de "atentado" contra el derecho de los vascos a "participar en los asuntos públicos de su interés" la suspensión de la consulta.

Instrumento capital

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, subrayó que mantener la suspensión daría "por bueno el falseamiento de los resultados electorales en Euskadi, el falseamiento de la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía vasca" en 2005. El argumento sería que esa suspensión deja al Gobierno y Parlamento vascos, "democráticamente elegidos", sin un "instrumento capital de su acción política", la de plantear debates políticos ante sus ciudadanos, en este caso con la consulta.

De hecho, dio un paso más al apuntar que ni siquiera el tribunal intérprete del texto constitucional puede "llegar a interferir ni a inmiscuirse en el debate promovido por el lehendakari con su consulta: si los vascos apoyan o no una negociación entre todos los partidos para encauzar el conflicto político desde la base del derecho a decidir".