Vigo podrá expropiar edificios en ruinas

Los solares vacíos en los que se pueda edificar, las construcciones paralizadas por abandono, las viviendas derruidas o las consideradas "inadecuadas" por su mal estado de conservación pasarán a formar parte de un registro que habilitará el Ayuntamiento de Vigo. Este censo servirá para forzar a que los propietarios cumplan sus obligaciones de conservarlos en buenas condiciones y edifiquen en el plazo legalmente establecido bajo la amenaza de la expropiación. La ordenanza que lo habilita, aprobada ayer en su trámite inicial por unanimidad, establece que los propietarios tendrán un plazo de dos años para ponerse al día si no quieren que su vivienda o terreno termine en manos públicas.

Si se lleva a cabo la expropiación, los inmuebles pasarán a formar parte del patrimonio municipal y en un plazo de seis meses, el ayuntamiento deberá resolver sobre el modo de llevar a cabo la rehabilitación o edificación.

La ordenanza también regula otras dos posibilidades: la venta forzosa, una figura idéntica a la prevista en la legislación comunitaria llamada "agente edificador" y la sustitución forzosa.

Casco Vello

La medida, que ya aplica el ayuntamiento de A Coruña, ha sido acogida como agua de mayo en el casco histórico, una zona que no acaba de despegar precisamente por el mal estado en que se encuentran la mayoría de sus edificaciones. Milagros Domínguez, presidenta de los comerciantes, cree que este registro "terminará con aquellos propietarios que esperan para provocar la declaración de ruina".

Según el concejal de Urbanismo, José Mariño, "dará mayor poder a la Administración" para ejecutar lo previsto en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

Tanto el edil popular José Manuel Figueroa como el teniente de alcalde, el nacionalista Santiago Domínguez, piensan que se trata de una media "de interés general" que ayudará a terminar con malas prácticas, informa Europa Press.

Se abre ahora el período de información pública de 30 días hábiles, plazo para presentar y resolver las posibles alegaciones. El documento definitivo deberá recibir el visto bueno del Pleno que se celebre en septiembre y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOP).