Casi la mitad del suelo de Martinsa está pendiente de recalificaciones

Martinsa-Fadesa afronta el concurso de acreedores con la mitad de su cartera de suelo pendiente de recalificaciones urbanísticas, lo que puede hacer variar considerablemente la valoración de sus activos por parte de los peritos que designe el juez encargado de la suspensión de pagos. Es precisamente esa bolsa de suelo el mayor bien patrimonial con el que hará frente la inmobiliaria a las reclamaciones de sus acreedores. Son 12,4 millones de metros cuadrados, de un total de suelo en propiedad de 23,2 millones que considera potencialmente edificable, los que la compañía denomina "preurbanizables", es decir, calificados como rústicos y pendientes de recalificación por parte de ayuntamientos y otras administraciones.

Las recalificaciones pueden cambiar la valoración de activos de los peritos

Del suelo gestionado por la inmobiliaria el 41% se encuentra fuera de España

Bancaja y Caixanova son, al mismo tiempo, accionistas y acreedores

Del total de 28,6 millones de metros cuadrados que posee la inmobiliaria gallega, si se descuenta el suelo que considera como patrimonio de uso propio (casi 310.000 metros cuadrados) y el correspondiente a las obras que actualmente realiza (5,1 millones de metros), los terrenos gestionados listos para urbanizar, tanto en España como en el extranjero, por Martinsa-Fadesa se sitúan en sólo 8,2 millones de metros cuadrados, mientras que los 2,5 millones restantes corresponden a lo que considera suelo finalista, lo que se entiende como preparado para edificar. Es decir, Martinsa-Fadesa tiene en propiedad más suelo rústico que aquel calificado como urbano. Son esos 12,4 millones de metros cuadrados frente a los 10,7 millones de metros cuadrados que suman el urbanizable y el finalista.

En la memoria aprobada en la junta general de accionistas de la compañía celebrada en A Coruña, una vez refinanciada su deuda con la banca acreedora y semanas antes de presentar el concurso de acreedores, los gestores de Martinsa-Fadesa aclaraban que esas valoraciones de activos, realizadas en junio de 2007 y revisadas en diciembre, se han elaborado teniendo en cuenta los avances en los planeamientos urbanísticos, las ventas de suelo ejecutadas y las adversas condiciones del mercado.

Del total de suelo gestionado por la inmobiliaria, señalaban, el 41% se sitúa fuera de España. De acuerdo con las previsiones de la compañía, esa cartera le permitía no afrontar más inversiones de este tipo (compras) en diez años. Andalucía, Murcia, Castilla y León y Madrid componen el grueso del suelo de Martinsa-Fadesa.

La suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa no sólo ha atrapado a unas 12.500 familias en toda España, a algo más de 800 trabajadores, a una banca a la que adeuda 5.200 millones de euros y a muchos otros acreedores y subcontratistas. También a sus accionistas más significativos.

Tras la última ampliación de capital realizada por la inmobiliaria, en marzo de 2007 (una vez finalizado el proceso de OPA sobre Fadesa), Fernando Martín procedió a firmar pactos de permanencia con los nuevos accionistas, con los que pretendía formar un núcleo duro.

Esos pactos parasociales, según el informe de gobierno corporativo que remitió la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), vencen el próximo 14 de diciembre. Es decir, sea cual sea el devenir de la compañía en el proceso de suspensión de pagos, accionistas significativos que representan el 16,3% del capital social de Martinsa-Fadesa no podrán vender sus participaciones.

Algunos de los accionistas inmersos en esta situación se encuentran también entre los acreedores de Martinsa-Fadesa, como es el caso de Bancaja y Caixanova, Caja Ávila, Caja Burgos, el grupo empresarial de Caja Navarra y accionistas individuales como Juan Carlos Rodríguez Cebrián, ex director general de Inditex, y Jesús Ignacio Salazar, principal accionista de Sos Cuétara, que son además consejeros de la inmobiliaria, también firmaron el pacto de permanencia. -