Cuando el Parlament da soluciones

Es la manera más directa de relacionarse con el Parlament y de que éste responda. Si se detecta el mal funcionamiento de alguna norma, desde 2007 -se incorporó en el reglamento parlamentario en diciembre de 2006-, el ciudadano se puede dirigir a la comisión de peticiones de la Cámara catalana. En la memoria del año pasado, la primera de la que se dispone, esta comisión, dirigida por el diputado del Grupo Socialista Toni Comín, dio respuesta a 62 peticiones. Se trata de un número elevado teniendo en cuenta que para la mayoría de la ciudadanía esta comisión es una absoluta desconocida. Comín asegura que "se trata de un instrumento de participación privilegiado, directísimo para el ciudadano".

Un caso de autismo de Kamer produce cambios en la ley de enjuiciamiento civil

No hay que confundir la tarea de este órgano con la del Síndic de Greuges o la iniciativa legislativa popular, que también son elementos participativos con distintos objetivos. El primero persigue los errores de la Adminitración y el segundo se dota de firmas para pedir nuevos procesos legislativos, nuevas leyes.

¿Y qué piden los catalanes? Pues en 2007 hubo 62 demandas de lo más variopintas que iban desde permisos de residencia a la creación de un observatoriio de las alergias a alimentos y al látex, aunque no todas ven la luz. Gracias a una de estas peticiones se instó a los grupos parlamentarios a que en la futura normativa educativa catalana se incluya explícitamente el apoyo a los afectados por dislexia.

Hay varias demandas acerca del derecho a una vivienda social de alquiler o del nivel de vida de los pensionistas.

Sorprende la demanda de una señora de Puertollano (Ciudad Real) que se queja de la situación de las personas de edad avanzada en Cataluña. Es más, muestra su sorpresa por la falta de un servicio gratuito de teleasistencia y el déficit de residencias públicas gestionadas por la Generalitat.

También destaca que una representante de Moteros en Acción haya reclamado mediante la comisión de peticiones una nueva normativa respecto a las barreras de seguridad, o quitamiedos, en la red viaria, y se la deriva al Departamento de Política Territorial y Obras públicas.

Las peticiones de orden penitenciario no son admitidas. Por ejemplo, la de un preso de habla inglesa que pide el traslado del centro de Can Brians al de Ponent, en Lleida. El motivo es el "trato humillante" que recibe de reclusos y funcionarios. Otro recluso reclama que se le paguen "los trabajos realizado en los talleres de la Modelo y Can Brians, incluido lo cotizado en la Seguridad Social", y que se le deporte con ese dinero. Ambas denegadas.

Quizá el caso de David Vendrell es el más paradigmático de lo que puede llegar a conseguir la comisión de peticiones: interceder para mejorar las leyes. Los padres del joven David Vendrell Llauradó, que sufre autismo de Kamer y es asistido en la residencia La Pineda, de Terrassa, pedían la modificación del Código de Familia de Cataluña y de la legislación complementaria. El objetivo era que se incluyeran estas palabras: "En los procedimientos de incapacitación el médico forense y el juez magistrado acudirán al centro asistencial en el que esté internado el presunto incapaz cuando se constaten graves dificultades de desplazamiento derivadas de su enfermedad o minusvalía, y así resulte acreditado documentalmente por certificados médicos".

Esta demanda surgió a raíz de que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Terrassa se negara a acudir a la residencia La Pineda y la familia se viera obligada a suspender provisionalmente el procedimiento de incapacitación dada la imposibilidad de que el joven acudiera al juzgado debido a su enfermedad. Los padres tampoco podían ir al juzgado.

Ante esta situación, la comisión de peticiones, tras la comparecencia del interfecto, llevó una resolución al Parlament por la que se acordó presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados la proposición de ley de adición de un apartado a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y es que el Parlament da soluciones.