Los ayuntamientos, en pie de guerra tras dar por perdida la ley Municipal

"Se ha acabado el tiempo de esperar al consenso y el de la paciencia". La frase la pronunció ayer Jokin Bildarratz, el presidente de Eudel, la asociación que agrupa a los consistorios vascos, y fue seguida del anuncio de que los ayuntamientos iniciarán en septiembre acciones legales ante los tribunales de justicia contra las diputaciones y el Gobierno, tras dar por perdida la ley Municipal.

"No queremos que unos decidan y otros paguemos las facturas"

La "judicialización" de las competencias que diputaciones y Gobierno dejan en manos de los ayuntamientos sin que les correspondan, obligándoles luego a pelear los recursos económicos para prestar los servicios, es la calle de en medio por la que Eudel ha decidido tirar. En ella buscará amparo, paradójicamente, frente a unas instituciones autonómicas y forales ante las que los ayuntamientos, dijo, "están indefensos".

Bildarratz, alcalde de Tolosa por el PNV, el partido que está tanto al frente de la institución autora del proyecto de ley, el Gobierno, como en las que lo han recurrido, las diputaciones de Vizcaya y Álava, se convirtió así ayer en el paradigma de la frustración y el hartazgo acumulado en 30 años por los ayuntamientos en Euskadi, la única comunidad autónoma que carece de esa norma.

"No queremos que unos decidan y otros paguemos las facturas", dijo en otro momento de su comparecencia, en la que predijo un "goteo" de demandas por las funciones que los municipios asumen sin que se lo atribuya la legislación y sin recibir los recursos correspondientes. Estas tareas, desde el servicio de ayuda domiciliaria, al mantenimiento y limpieza de los colegios o parte de las ayudas sociales de emergencia suponen un 30% del gasto municipal, según Bildarratz.

"No puedo engañar a los alcaldes y quiero ser rotundo", indicó, antes de advertir: "No va a haber ley Municipal". Su crudeza se extendió a la razón por la que no la habrá, ni en esta legislatura ni en el futuro, según su pesimista visión. "No hay voluntad política", afirmó. "No la ha habido en el pasado, no la veo ahora y no creo que la vaya a haber tampoco en el futuro", insistió.

Bildarratz se detuvo, sin embargo, en el momento de valorar si es dentro de su propio partido, el PNV, donde se origina ese problema de voluntad política y de falta de definición, que permite que cada institución que gobierna se comporte de un modo diferente ante la misma cuestión.

Según pudo saber este periódico, el PNV medió el año pasado en la elaboración de la ley, organizando reuniones a las que asistieron representantes de todas las instituciones implicadas. Se celebraron bajo la dirección del parlamentario y burukide José Antonio Rubalkaba, hasta que, tras la renovación de su dirección, la responsabilidad sobre la materia pasó a Belén Greaves.

Desde que se desató la polémica con los recursos forales a la Comisión Arbitral y el intercambio de acusaciones de "faltar a la verdad" entre la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia y el diputado general de Álava, Xabier Agirre, el PNV se ha negado a ofrecer su valoración. No hablará, dijeron ayer fuentes de su ejecutiva a este periódico, "hasta que se pronuncie en septiembre la Comisión Arbitral".

El presidente de Eudel resaltó como un dato positivo que en esta ocasión el proyecto de ley haya llegado al menos hasta el Parlamento, pero no obvio una realidad: "Llegó a la Cámara el 17 de junio", con la legislatura a falta de muy poco. "Y eso ya es un dato", añadió.

No se trata de una cuestión de plazos, aclaró, ni del tiempo que la Comisión Arbitral se tome en pronunciarse. De hecho, desde la fecha fijada por ese órgano para dirimir los recursos de Álava y Vizcaya, el 22 de septiembre, pueden quedar cinco meses para el trabajo parlamentario. Como referencia, en 2005 la Cámara aprobó la Ley de Igualdad el 18 de febrero, tres días antes de que el lehendakari firmara la disolución del Parlamento.

El presidente de Eudel no precisó si, hasta donde por su función y militancia le han permitido conocer sobre el proceso que ha desembocado en el envío al Parlamento de un proyecto de ley supuestamente acordado entre todas las partes, es cierta o no la afirmación de la vicelehendakari de que el texto se consensuó con las diputaciones que ahora lo recurren. La de Álava niega ese extremo.

El PSE-EE reclamó ayer en el Parlamento la comparecencia de Zenarruzabeitia, para que explique "las gestiones y acuerdos" alcanzados con las diputaciones. Los socialistas, que habían trabado dentro de Eudel un elevado grado de consenso con la representación del PNV en torno a los contenidos de la ley, quieren dilucidar quién miente. "Queremos saber si el Gobierno ha engañado a la opinión pública vendiéndole humo o si los diputados generales de Álava y Vizcaya han engañado al Gobierno y se han comportado deslealmente con él", dijo su portavoz, Rodolfo Ares.

Junto a la decisión de someter a los tribunales las diferencias de los ayuntamientos con las diputaciones y el Gobierno, Bildarratz anunció otras dos líneas de actuación. Primero, proponer a todas las instituciones y partidos la constitución de un "órgano de encuentro" para el diseño de las políticas públicas, donde entren los ayuntamientos. Y después, la elaboración de un texto propio de ley Municipal, que remitirá "al nuevo Gobierno que salga de las elecciones de la primavera". Todas las iniciativas serán tratadas por la comisión ejecutiva de Eudel en su primera reunión tras las vacaciones de agosto.