El PSE insta al PNV a resolver el conflicto en la ley Municipal
Álava declara "irrenunciable" su competencia financiera
El pulso abierto por las diputaciones de Álava y Vizcaya contra el Gobierno con los recursos al proyecto de ley Municipal amenaza con convertirse en una patata caliente para el PNV, como partido responsable de las tres instituciones. Esta formación preside además Eudel, la asociación de los municipios vascos, satisfechos con una norma que han esperado largamente y cuya aprobación y contenido ven de nuevo en peligro.
Y lo mismo ocurre con la Diputación de Guipúzcoa, que ayer terció en la polémica afirmando que no ve conflicto de competencias, sino "debate político". Su posición, anunció ayer el portavoz foral, Eneko Goia, será la de "no tomar partido por ninguna de las dos partes", en referencia al Gobierno y a las otras dos diputaciones. Euskadi es la única comunidad autónoma que no ha aprobado su ley Municipal, precisamente por el temor existente a un conflicto entre instituciones como el que finalmente se ha suscitado.
El PSE volvió ayer sobre el PNV la responsabilidad, interpelando directamente a la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia. Su portavoz, Rodolfo Ares, emplazó a ese partido a que "resuelva las discrepancias entre sus representantes institucionales, o pondrá de manifiesto que, además de ser incapaz de acuerdos con los demás, también es un partido sin proyecto para cohesionar el país". "Los ayuntamientos necesitan más recursos para atender los servicios que les demanda la ciudadanía", añadió.
La portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, eludió valorar los recursos contra el proyecto de ley y tampoco quiso pronunciarse sobre si ponen en riesgo el contenido y la aprobación misma de la ley. "Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos", se limitó a decir.
Por su parte, el portavoz de la Diputación de Álava y teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, calificó de "competencia irrenunciable" la que las instituciones forales tienen actualmente "en la regulación de los recursos a las entidades locales".
El control sobre la financiación de los ayuntamientos como elemento básico de poder sobre ellos es la clave del conflicto. Según consta en su recurso ante la Comisión Arbitral, la Diputación de Álava considera que los artículos 56, 57 y 58 del proyecto de ley Municipal, y también su disposición final, "conculcan las facultades exclusivas" del territorio "en materia de financiación municipal". Y ello tanto en la fijación de la cuantía como de los criterios de distribución entre los ayuntamientos.
La Diputación alavesa no admite que en adelante esa fijación se haga en el Consejo Vasco de Finanzas, donde estarán también los ayuntamientos, y deja expreso su temor último: la ley Municipal enviada al Parlamento "posibilita que, unidos los representantes del Gobierno a los municipales, impongan su criterio a los órganos forales", advierte.
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