_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Otro compromiso histórico

Joaquín Estefanía

El miércoles se reúnen el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Algo perfectamente normal en cualquier democracia ha devenido en excepcional por mor de las condiciones en las que se ha desarrollado la vida política en los últimos tiempos. Además, el orden del día previo (condiciones para llegar a un acuerdo sobre el funcionamiento de la justicia en sus órganos jurisdiccionales: Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial) ha resultado alterado por la irrupción, con mucha profundidad y extremada rapidez, de una crisis económica que puede conducir a nuestro país a una recesión.

Los últimos datos de la coyuntura no dan razón a la esperanza: la recesión es un hecho en Dinamarca, otros tres países de la Unión Europea ya han tenido un primer trimestre de crecimiento negativo (Portugal, Irlanda y Estonia), y Gran Bretaña y España registran unas tasas tan anémicas, que pueden pronto incorporarse al grupo anterior. La última previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) no es mejor: rebaja al 1,2% el PIB para el año que viene en España, frente a la proyección oficial del 2,3% que mantiene el Gobierno, y los coyunturalistas aún piensan que es optimista. El recorte del FMI a España es el más drástico entre todos los países analizados. Por otra parte, en los últimos días, la morosidad bancaria, aunque sigue en porcentajes bajos, avanza también con mucha rapidez y se ha situado en porcentajes desconocidos desde hace nueve años.

Hoy es más dudosa la necesidad de una política económica consensuada

En líneas generales, los líderes de los dos grandes partidos se van a ver con recetas económicas muy alejadas entre sí. Zapatero ha reiterado que, vaya como vaya la economía, los derechos sociales no se reducirán, y todo ello en un marco de estabilidad presupuestaria. Lo que significa que o tendrá que subir los impuestos o que otros sectores padecerán el recorte presupuestario. Mariano Rajoy es partidario de una reducción de impuestos (primero, sociedades, para ayudar a las empresas; luego, impuesto sobre la renta, para aportar liquidez a los ciudadanos) y de reducir el gasto público, aunque, cuando se pregunta a los responsables del PP de dónde sajarían ese gasto, no salen de generalidades o de bromas como reducir la partida de propaganda institucional (20 millones de euros). Al haber establecido Zapatero la prioridad económica en el gasto social, ha trazado una línea ideológica con intención de resucitar la tesis de una política económica de izquierdas y otra de derechas.

Es en este contexto y en el de las declaraciones del vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes (esta crisis "es la más compleja que nunca hemos vivido, por la cantidad de factores que están encima de la mesa"), en el que se ha resucitado la idea de otros Pactos de la Moncloa. Más que con relación a sus contenidos, la analogía con los acuerdos firmados por todas las fuerzas políticas al principio de la transición tiene que ver con su espíritu: los Pactos de la Moncloa instauraron una política económica de sacrificios compartidos, en la que cada parte cedía en algunos de sus intereses en orden al interés común. Hay otras comparaciones que pueden hacerse: en 1977, la economía española llevaba ya algunos años instalada en la estanflación, motivada por la espectacular subida del precio del petróleo a partir de 1973, y el Gobierno de UCD no tenía la mayoría absoluta en el Parlamento. En aquel momento se produjo un debate en el seno del Gabinete de Adolfo Suárez sobre si éste debía gobernar con el programa con el que había ganado las elecciones o debía pactar con los otros partidos por la gravedad de la crisis económica; esta última fue la tesis mayoritaria. Pero, sobre todo, se necesitaba ganar el tiempo necesario para firmar la Constitución, lo que se consiguió un año después. Hoy, España es un país asentado políticamente, y es más dudosa la necesidad de una política económica consensuada.

En cualquier caso, no está de más reflejar las palabras de Indalecio Prieto, en sus Convulsiones de España, que fueron un frontispicio de los Pactos de la Moncloa, pero que también pueden servir hoy: "No entender políticamente el mundo de la crisis económica y no presentar ante él una política económica coherente constituyó una de las causas del fracaso de la Segunda República".

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_