Abusos urbanísticos en el limbo

El enredo judicial del hotel Atrium de La Vila Joiosa es tal vez el ejemplo más llamativo del tortuoso camino de un expediente por infracción urbanística y de la dificultad, o desidia municipal, en el restablecimiento de la legalidad. Excesos de edificabilidad, áticos que no están en el proyecto original, terrazas que se cierran, viviendas que invaden viales y otros incumplimientos abundan en tierras valencianas. En algunos casos, la infracción acaba legalizada, en otros se aplaza durante años un derribo inevitable o no se ejecuta. Al margen de las miles de casas sin licencia en suelo rústico, ésta es una muestra de los abusos urbanísticos que salpican el territorio.

- Alicante se lleva la palma. La llamativa multa impuesta por el Consell al promotor del Atrium (12 millones de euros) por un importante exceso de obra ha terminado en la papelera al anular el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la sanción por un error en su tramitación. Además, el tribunal ha rechazado el plan que legalizó el complejo y el Ayuntamiento cavila ahora sobre una posible demolición. También en la playa de La Vila se levantó otro complejo hotelero ilegal, el Elbim. Estaba fuera de ordenación y con exceso de obra, pero no se sancionó al promotor y ha sido legalizado.

La sentencia de las gradas de Mestalla se liquidó con 2.000 euros de costas

En Alicante y Castellón hay varios edificios con orden de demolición

En el caso del hotel Vatus, en la playa de L'Albir, con exceso de edificabilidad, la promotora ha recurrido al TSJ la propuesta de sanción de 600.000 euros. En Benidorm, además de centenares de expedientes por retranqueos ilegales, 15 hoteles siguen siete años después sin compensar al Consistorio (cesiones dotacionales) el exceso de volumetría al amparo del denominado premio hotelero.

En el tramo más septentrional de la costa, los dos últimos ejemplos de infracción de envergadura son un hotel de 24 plantas a seis metros del mar en Calp, y una urbanización de 111 chalés ilegales en Dénia, en pleno parque del Montgó. La licencia de Calp la ha recurrido el Ministerio de Medio Ambiente, pero no hay propuesta de multa. En Dénia, el Ayuntamiento busca al promotor para que al menos se haga cargo del coste de la demolición de la urbanización (unos 400.000 euros) declarada ilegal.

Las infracciones urbanísticas se acumulan en Torrevieja, Orihuela o en Catral, con 1.300 casas ilegales en suelo rústico. En Torrevieja, las infracciones más comunes son obras irregulares en áticos y retranqueos. El Ayuntamiento, según la oposición, sanciona y derriba de manera discrecional, y acumula más de 1.000 expedientes de demolición sin ejecutar. En Orihuela, los campos de golf de Villamartín y Campoamor carecen de licencia y no se ha sancionado al promotor. Otro caso similar ocurrió con el campo de golf de Algorfa, finalmente legalizado.

- Las gradas de Mestalla no se tiran. Lo avisaron los vecinos y la oposición socialista, pero el Ayuntamiento de Valencia, en manos del PP, aseguró que la obra era legal y autorizó en 1998 la ampliación de las gradas del estadio de Mestalla. Las declaró ilegales el Tribunal Supremo en 2006, y para entonces el Valencia CF y el Consistorio ya cerraban el doble pelotazo urbanístico que permitirá construir pisos en el suelo del viejo estadio y un nuevo campo en otra parcela. Las gradas no se han tocado. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, declaró ufano que la ilegalidad se resolvía con 2.000 euros, el pago de las costas. Los vecinos no han pedido la ejecución de la sentencia. Expuestos a la presión de dejar al club sin parte del estadio antes de tiempo, recalcan que es obligación del Consistorio cumplir el fallo -éste dice que ya lo ha hecho con el nuevo plan- y del tribunal controlar que es así.

Otro lío sin solución a corto plazo es el que afecta a los compradores de un edificio en la calle de Santa Teresa, donde una promotora generó un largo expediente de infracciones. El Ayuntamiento ha intentado legalizar la obra y dar acceso a los pisos, que están vacíos, pero la Consejería de Cultura se niega a aprobar la obra porque el edificio, en el cento histórico, debió retranquearse. También abusaron de su licencia los impulsores de una urbanización de adosados en El Perellonet, que ocuparon para terrazas y patios un viario público, de emergencia para los bomberos. Los socialistas denunciaron el caso en 1999. El asunto, recurso tras recurso, se ha alargado hasta hace unos meses, cuando el Ayuntamiento pudo aprobar licencias de derribo que han comenzado a ejecutarse. En Pinedo sigue en pie una casa construida fuera de ordenación y con licencia de obra menor. Al infractor le han llegado multas coercitivas. No hay derribo a la vista.

El departamento de Disciplina Urbanística ha tramitado desde enero 78 órdenes de ejecución y 35 expedientes de multa relacionados, por ejemplo, con arreglos en fachadas. Con el fin de "restablecer la legalidad", hay en marcha otras 15 multas de entre 600 y 4.300 euros -se imponen hasta 10 en un expediente- por altillos sin licencia, cerramientos etc. En dos casos, con un procedimiento nuevo, el Ayuntamiento pretende que la sanción, además de lo habitual, se corresponda con el beneficio que ha generado la infracción al promotor. Aparte de multas coercitivas para cumplir la normativa, el Consistorio ha abierto este año 32 expedientes para sancionar ilegalidades (en 2007 hubo 39). Las liquidaciones por infracciones ascendieron el año pasado a 51.000 euros, y este ejercicio ya van por 61.000 euros.

- Sentencias sin cumplir en Castellón. Los ejemplos más destacados de Castellón están en la propia capital de La Plana y en Oropesa. En el primer caso, se trata de una inmueble levantado con una altura de más en la calle de Campoamor, una de las pocas peatonales de la ciudad. El Consistorio denunció el proyecto y durante una década la obra ha sufrido paralizaciones. Aunque los tribunales decretaron el derribo de la planta ilegal, el edificio permanece en pie y vacío. De momento, no se ha previsto ejecutar la orden de derribo. En Castellón también hay varias naves industriales en suelo que no permite esta actividad o que han sido construidas sin licencia en el camino Caminàs o la ronda este. Aun con orden de derribo, no se tiran. En Oropesa, el litigio iniciado por un particular sobre el edificio París, en la playa de Morro de Gos, acabó con una orden de derribo de cuatro plantas. El Ayuntamiento intentó legalizarlas, pero los denunciantes lograron que los tribunales les dieran la razón. La sentencia se consideró no ejecutable y el Ayuntamiento tuvo que pagar en 2005 una indemnización de 64.905 euros.

Esta información ha sido elaborada por Santiago Navarro, María Fabra, Sergio Castillo, Arturo Ruiz y Sara Velert.