Balanzas fiscales
Las balanzas fiscales son documentos que carecen de valor jurídico. Una balanza fiscal no puede ser llevada al Consejo de Ministros para que la apruebe y acuerde su publicación en el BOE. La balanza fiscal no es el censo de población que se aprueba mediante Real Decreto por el Consejo de Ministros y que tiene efectos jurídicos en muchos terrenos, entre otros, en el de la financiación de las comunidades autónomas.
Una balanza fiscal es un cálculo de la relación entre los ingresos que se obtienen a través de las distintas figuras tributarias y los gastos de dichos ingresos en cada una de las comunidades autónomas. Es un cálculo que puede hacerse y de hecho se hace con metodologías diversas, razón por la cual los resultados de unas pueden ser diferentes de los de otras. En consecuencia no hay una balanza fiscal oficial propiamente dicha, sino que hay una balanza publicada por el Ministerio de Economía y Hacienda, que puede coincidir o no con las balanzas que publican las consejerías de las comunidades autónomas o el BBVA o la Fundación de Cajas de Ahorro o algún departamento universitario. De la misma manera que las encuestas publicadas por el CIS no son encuestas oficiales por contraposición a las encuestas publicadas por las empresas privadas o por instituciones públicas autonómicas.
Afortunadamente existe una coincidencia sustancial entre las distintas balanzas publicadas, lo que evita una guerra de cifras que sería completamente estéril. Esa misma manera no ventajista con que se ha procedido en la elaboración de las distintas balanzas fiscales debería de conservarse a la hora de la interpretación de las mismas y de extraer consecuencias de tipo práctico, en especial en lo que a la financiación de las comunidades autónomas se refiere.
Obviamente, las balanzas fiscales son documentos que tienen que ser tomados en consideración por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que habrá de acordarse el nuevo modelo de financiación. Pero no como un elemento determinante de la revisión del actual modelo, sino como un punto de referencia más en dicha operación de revisión. Intentar deducir un modelo de financiación de una balanza fiscal sería algo completamente disparatado.
La publicación de las balanzas fiscales no altera, pues, el proceso de revisión del modelo de financiación del Estado Autonómico, sino que simplemente lo enriquece. A partir de este momento se dispone de una información, que, por un lado, no es completamente nueva, ya que estudios sobre balanzas fiscales había desde hace años, pero que, por otro, sí lo es, ya que el consenso alcanzado sobre balanzas fiscales tras la publicación de la balanza oficial esta semana es muy superior al que existía antes.
En todo caso, el conocimiento de las conclusiones de las distintas balanzas fiscales va a permitir no sólo a los poderes públicos que tienen que negociar el nuevo modelo de financiación, sino a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas, tener una idea más exacta de cómo se contribuye desde cada territorio a la financiación del Estado y, en consecuencia, debe contribuir a poner fin a muchos de los prejuicios que se han hecho valer en la pasada legislatura, en especial durante el proceso de tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña.
Creo que hemos aprobado una asignatura que teníamos pendiente y que estaba dificultando el debate para avanzar en la construcción de Estado Autonómico. El conocimiento de las balanzas fiscales debe minar la credibilidad de mucho discurso demagógico que se ha hecho sobre la falta de solidaridad de unos territorios para con los demás.
