Zapatero y Rajoy dan por hecho que el 23 cerrarán el pacto de la justicia

PSOE y PP dan por hecho que el día 23 José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy cerrarán un acuerdo sobre la justicia. Ambos partidos negocian contrarreloj para cerrar el que sería el primer pacto de Estado de la legislatura.

Ya han avanzado notablemente en el pacto global de la Justicia al que el PP condiciona el acuerdo para la renovación total del Consejo General del Poder Judicial y parcial del Tribunal Constitucional. Será un catálogo de reformas legales que han negociado en los dos últimos meses en múltiples reuniones y contactos y con varios intercambios de documentos los portavoces José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y Federico Trillo. Este último sustituyó a Ignacio Astarloa como negociador tras el congreso del PP.

Con distinto nivel de concreción, hay un bloque en el que están prácticamente de acuerdo que se refiere genéricamente a las medidas de modernización de la justicia y otro sobre reforma del Código Penal. No obstante, hay aún tres propuestas socialistas que el PP asegura que no aceptará y que quiere sacar del pacto. Son las de descentralización de la justicia, el papel del fiscal en el proceso penal y las de un nuevo sistema de acceso a la carrera judicial.

Las de modernización afectan a la gestión de los juzgados, para hacerla más eficaz y dotar de más competencias a los secretarios. Las del Código Penal se refieren, sobre todo, a la pederastia y al terrorismo. Se tipificará como delito específico la conducta del cliente de prostitución infantil y se elevará la pena por pederastia, hasta equipararla casi a delitos de terrorismo.

No obstante, el PP no acepta la descentralización de la justicia, tal y como se establece en el Estatuto de Cataluña. Se concreta en la creación de los consejos autonómicos con competencias del Consejo General del Poder Judicial y en la cesión de atribuciones del Supremo a los tribunales superiores, hasta dejar reducido al primero a la resolución de recursos de unificación de doctrina. El PP recurrió estos preceptos incluidos en el Estatuto catalán y ahora asegura que hay que esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva y, por tanto, sacarlos del pacto. El argumento de respuesta del PSOE es que el PP copió literalmente en el Estatuto de Andalucía artículos que en el recurso que redactó Federico Trillo contra el de Cataluña eran tachados de inconstitucionales.

Otro desacuerdo es el del papel del fiscal como instructor en los procesos penales. Justicia ha barajado otras fórmulas para el acuerdo como la de exigir que todas las medidas cautelares que decidan los jueces de instrucción deben ser previamente pedidas por las partes, sin posibilidad de que se actúe de oficio. El tercer punto del programa legislativo del PSOE que rechaza el PP es el del acceso a la carrera judicial, complementando el modelo de oposiciones con otro similar al MIR de los médicos.

En la renovación del Poder Judicial los dos coinciden en que la fecha límite es el 17 de septiembre, día de la apertura del año judicial. El acuerdo se pondría en marcha a principios de septiembre con la designación de los vocales, su comparecencia en la Comisión de Nombramientos de las Cortes y su votación en el Pleno. La de cuatro magistrados del Constitucional no se podrá culminar hasta octubre y depende de la inminente resolución del recurso del PP contra la reforma del Reglamento del Senado.