Bravo tiene muy complicado reunir la fianza de 500.000 euros para su libertad

El ex director de la oficina fiscal de Irún y principal imputado en el fraude cometido en la Hacienda guipuzcoana, José María Bravo, tiene grandes dificultades para reunir la fianza de medio millón de euros que le ha impuesto la Audiencia provincial de Guipúzcoa para obtener la libertad condicional, según reconocieron ayer a este periódico fuentes próximas al acusado.

Bravo ya hizo frente en junio del año pasado a una fianza de 400.000 euros que depositaron allegados y familiares suyos para sortear la inicial orden de prisión con fianza que dictó el 18 de mayo la jueza de Irun, en contra del criterio fiscal. Entonces necesitaron algo más de tres semanas para reunir el dinero requerido. Pero de poco le valió el gesto ya que, un mes después, José María Bravo ingresaba en prisión pero incondicional, tras negarse a declarar ante la juez que también estimó quue había riesgo de destrucción de pruebas.

Ahora que ya ha cumplido el año de prisión en la cárcel de Martutene, Bravo ha logrado de nuevo la libertad bajo fianza. "En delitos patrimoniales es muy complicado mantener a un inculpado en prisión si tiene familia cerca", se afirma. Y se añade que una decisión d e este tipo era previsible en un momento como el actual, cunado la instrucción está casi acabada. Sin embargo, los 500.000 euros exigidos le resultarán muy costosos de conseguir. En medios cercanos al inculpado aseguran que, aunque le costará un tiempo, acabará pagando la importante suma, ya sea con avales bancarios o préstamos de allegados. Las fuentes citadas están convencidas de que Bravo necesita una atmósfera de tranquilidad y sosiego, que no tiene precisamente en Martutene, para preparar su defensa con calma.

Era la tercera vez que Bravo reclamaba su puesta en libertad provisional, ya que las dos anteriores la Audiencia de Guipúzcoa ratificó la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún que investiga el caso, al considerar que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas por parte del acusado.

La Sección 2 de la Audiencia guipuzcoana ha estimado parcialmente la solicitud de Bravo al considerar que las circunstancias han cambiado al estar muy avanzada la investigación. Asimismo, el auto menciona como argumento favorable a la medida su "arraigo en el país" y su situación familiar, circunstancias que avalan su permanencia por las que "no tratará de eludir la acción de la justicia". No osbtante le retira el pasaporte, le impone la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado y le prohibe abandonar el territorio nacional sin autorización previa.