Patraña al descubierto

Patraña al descubierto. En eso ha concluido, como era de esperar, el llamado caso del ácido bórico, urdido y presentado por los teóricos del bulo sobre el 11-M como el eslabón perdido entre islamistas y etarras en el mayor atentado terrorista de la historia de España. La Audiencia de Madrid ha confirmado lo que parecía evidente: que no tenía pies ni cabeza vincular a ETA con el 11-M porque a un implicado en aquel terrible atentado y años antes a una etarra se les interviniera cierta cantidad de ácido bórico, una sustancia inofensiva e inocua utilizada para diferentes usos domésticos, entre otros matar cucarachas.

La Audiencia de Madrid no sólo ha absuelto a los cuatro mandos policiales responsables de la Comisaría General de la Policía Científica, acusados de falsedad documental y encubrimiento por dos asociaciones de víctimas que, sin embargo, se mostraron harto complacientes en el juicio sobre el 11-M con los terroristas acusados de la masacre. Da un paso más: desenmascara al autor del informe, el perito Manuel Escribano, cuya actuación profesional "genera no pocas suspicacias" al insistir en observaciones carentes de rigor científico que nada aportaban a la investigación y que venían como anillo al dedo, generando "confusión y turbiedad en la opinión pública", a la disputa política y mediática alimentada por el periódico sensacionalista El Mundo y otros teóricos de la conspiración sobre la participación de ETA en el 11-M.

El desenlace judicial del caso del ácido bórico avala en buena medida las iniciales pesquisas del juez Baltasar Garzón sobre la conducta del perito Escribano, antes de que la juez Gemma Gallego tomara cartas en el asunto y decidiera dirigir el proceso contra sus superiores a instancias de las acusaciones. La Audiencia de Madrid no llega, como Garzón, a acusar al perito de "prefabricación intencionada", pero casi. Ocultó un dato clave, éste sí científico, que la Audiencia estima que debió hacer constar: el carácter inocuo del ácido bórico, una sustancia que no consta haya servido para enmascarar o conservar explosivos. Una omisión que, según Garzón, iba encaminada a dar verosimilitud a unas observaciones "tan genéricas como perversas e impropias de un informe pericial". Era obligado que sus superiores no dieran curso a tamaño disparate aunque, según la Audiencia, debieron cuidar mejor los procedimientos.