El gerente de la funeraria municipal se adjudicó contratos a sí mismo

El caso funeraria parece el cuento de nunca acabar. Tras años de juicios, de acusaciones cruzadas y de denuncias, el pasado 3 de junio la Audiencia Provincial se pronunció finalmente sobre la privatización parcial de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSF), concedida por 0,6 euros a la empresa Funespaña. La Audiencia considera que el primer teniente de alcalde de Madrid en 1992, Luis María Huete, cometió prevaricación, y estimó que se produjeron otros delitos, pero que habían prescrito (tráfico de influencias, falsedad documental y fraude a la Hacienda Pública). Ahora, dos de los empresarios juzgados por el caso han iniciado un enfrentamiento por el control de Funespaña, que cotiza en bolsa.

La auditoría que se llevó a cabo en 2006 ya advertía de la irregularidad

El gerente de la EMSF, Juan Antonio Valdivia, ha adjudicado contratos a una empresa de la que es propietario, según denuncia José Ignacio Rodríguez, antiguo socio suyo. Se trata de la compañía Would Wood, que fabrica ataúdes ecológicos realizados con cáscara de almendra. Durante el año 2006, Valdivia compró como gerente de la funeraria municipal 1.387 féretros ecológicos a su propia empresa sin convocar concurso y sin adjudicar ningún contrato, pese a que está obligada a hacerlo por ser una empresa semipública. Según la disposición adicional sexta del real decreto 2/2000 sobre la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, "las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las Administraciones públicas [...] se ajustarán en su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia [...]".

La firma KPMG, que auditó las cuentas de la compañía en 2006, recordó a la funeraria esta situación en el informe de ese año. La auditora advirtió entonces de que la empresa había realizado diversas operaciones sin convocar concurso público.

Valdivia responde a estas objeciones. Según él, "por tratarse de transacciones recurrentes o servicios o bienes específicos, la sociedad entiende que no deben estar afectados por la ley de contratos de las administraciones públicas". Explica que "la intención del grupo es terminar con las operaciones vinculadas", y agrega: "He puesto la empresa a disposición del grupo por su valor contable. Si quieren, que la compren". Lo cierto es que estas operaciones se produjeron cuando José Ignacio Rodrigo, otro de los empresarios juzgados en el caso funeraria, presidía Funespaña, el grupo matriz de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios. Ahora denuncia estas irregularidades para que no le salpiquen, explica.

En el fondo de las acusaciones está la lucha por el control de Funespaña. Rodrigo ostenta el 29% de la compañía y fue cesado como consejero el 25 de julio del año pasado. Entonces, un grupo próximo a Valdivia se hizo con el control de la compañía, apartando a Rodrigo de la presidencia. Valdivia es ahora el vicepresidente primero de Funespaña y hombre de confianza del presidente, Luis Fernando Martín Pérez. Con esta lucha, los dos grandes socios que hicieron el gran negocio de su vida juntos se han convertido en enemigos casi irreconciliables.