El informe de impacto de la M-501 llega con dos años de retraso

Las obras para desdoblar la M-501, conocida como carretera de los pantanos, comenzaron hace justo dos años, el 11 de julio de 2006. Sin el permiso del Ministerio de Medio Ambiente. Y sin el preceptivo estudio de impacto ambiental, un informe que evalúa los posibles daños al medio ambiente o a la población de un proyecto determinado y que la normativa comunitaria -con obras de esta envergadura- ordena que se realice. Pero la Comunidad de Madrid, con competencias medioambientales, ha evitado durante más de dos años este trámite con la excusa del "interés general". Según la presidenta regional, Esperanza Aguirre, el proyecto reducirá la siniestralidad en esta carretera.

Ayer, cuando faltan dos meses para que se culminen las obras, la Comunidad publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la adjudicación del concurso para "la elaboración del informe de impacto ambiental de la duplicación de la carretera M-501". La empresa agraciada con el contrato es Técnoma, SA, que se llevará 211.891 euros por elaborar este informe sobre la carretera de los pantanos entre la M-40 y el límite oeste de la Comunidad de Madrid.

Los responsables del Ejecutivo regional manejan bien los tiempos. Hace seis meses que salió a licitación el concurso adjudicado ayer. Mientras se terminan todos los trámites de la adjudicación, la obra ya estará terminada.

Aval de 500.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia ha ordenado a la Comunidad paralizar los trabajos en la carretera, pero exige a Ecologistas en Acción, la organización que demandó al Ejecutivo regional, un aval de 500.000 euros. Si finalmente logran reunir el dinero, las obras se tendrían que parar.

El portavoz de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, señaló ayer que esto es "otra pantomima del Gobierno de Esperanza Aguirre". Martín considera que "el Ejecutivo regional se ha saltado todas las leyes y ha ignorado a todas las instituciones que censuraron las obras de la M-501". El portavoz de la organización recuerda que en 1998, el Gobierno regional, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, ya encargó un estudio de impacto ambiental. Entonces, este informe, elaborado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dictaminó que la obra causaría daños irreparables en el tramo entre Brunete y Chapinería.