Educación recurre la orden valenciana que crea una alternativa a Ciudadanía

Los tribunales examinarán el desafío valenciano a la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía. El Gobierno central recurrió ayer la norma de la Generalitat valenciana, que propone una asignatura que se impartirá en inglés y en la que se permite a los alumnos no asistir a clase.

El Gobierno no acepta que la asistencia sea voluntaria, como de facto establece la norma autonómica, ya que los alumnos pueden realizar un trabajo trimestral sobre el tema que sus padres elijan y elaborarlo en otra aula, separados del resto. El recurso, presentado frente al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, solicita la nulidad de pleno derecho de la orden y su suspensión cautelar, para que no entre en vigor el próximo curso, como estaba previsto. Las razones del Ministerio de Educación son que la orden "incumple la ley" y "divide a los alumnos".

El Gobierno considera que la Generalitat pretende asumir competencias propias de los centros y del profesorado, y entorpece que se cumplan los objetivos pedagógicos. Según Eva Almunia, secretaria de Estado de Educación, la orden valenciana "perjudica a los alumnos" al "negarles un derecho que ya han ejercido más de 200.000 jóvenes españoles de siete comunidades autónomas", donde ya se ha comenzado a impartir la materia (en el resto comenzará el próximo curso).

El envite de Camps, presidente popular de la Generalitat, es un nuevo episodio de la guerra que el PP (Madrid y Murcia han asegurado que ampararán el boicoteo a la materia), la Conferencia Episcopal y otros sectores conservadores han declarado contra la asignatura.

La Generalitat valenciana se reafirmó ayer en la "legalidad" de la orden -que ya había sido recurrida también por los sindicatos CC OO y STEPV-. La subsecretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, acusó al Gobierno socialista de "pretender saltarse las normas autonómicas porque no resultan de su agrado". El instituto público Ballester Gozalbo, de Valencia, dijo hace unas semanas que no cumplirá la orden e impartiría la asignatura en castellano y valenciano. Después de que se sumaran otros centros, la Asociación Profesional de Directores pidió garantías de que la norma autonómica no incumple la ley. La Generalitat no respondió, y ahora todo está en manos del tribunal.