Aguirre se salta su propia ley en el plan de Ciempozuelos

Un año después de aprobar de urgencia, con mayoría absoluta y el rechazo de la oposición (PSOE e IU), la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre (PP) se salta las disposiciones que él mismo impuso entonces.

El Gobierno regional reduce de 14.000 a 8.000 los pisos a construir

El plan se suspendió tras el caso de corrupción de los anteriores alcaldes

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ciempozuelos (20.010 habitantes), que dormía el sueño de los justos desde que dio su visto bueno la Comisión de Urbanismo, cuando aún la presidía el ex consejero de Medio Ambiente Mariano Zabía en la pasada legislatura. En teoría, después de que saliera a la luz el caso de corrupción de los anteriores alcaldes socialistas, Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro, la Secretaría General del Gobierno regional suspendió la tramitación del plan hasta que se dilucidaran las responsabilidades de ambos.

Pero ayer, el vicepresidente, Ignacio González, anunció que se aprobaba por fin el plan, con algunas modificaciones. Y desvinculó completamente la investigación judicial del plan.

Sí anunció que éste es el primer planeamiento que contempla que los nuevos edificios no tengan más de cuatro alturas (tres pisos más ático), como establece la Ley de Modernización.

Sin embargo, la disposición transitoria de dicha ley, que fija el régimen de aplicación en relación con la altura de los edificios, ya que se modificaba la Ley del Suelo, afirma: "Los planes generales y de sectorización que hayan superado el trámite de aprobación provisional se regirán por la normativa anterior". Es decir, que el plan de Ciempozuelos, que tenía ya finalizada su tramitación, debía haberse acogido a la ley anterior, sin límite para las alturas.

Un portavoz de la nueva y reunificada Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, que dirige Anabel Mariño, justificó ayer esta modificación del Ejecutivo de Aguirre porque éste "tiene mayor rango que la Comisión de Urbanismo". A lo que agregó: "Lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es establecer una serie de condiciones para aprobar el plan que se refiere a las alturas, al cambio de edificabilidad y al diseño de un plan de infraestructuras".

Según este portavoz, con las condiciones que fija el Consejo, prácticamente "habrá que hacer un planeamiento nuevo".

Las diferencias con el PGOU anterior no sólo están en la limitación de alturas. También se ha reducido el número de viviendas para construir: de las 14.000 contempladas en el anterior plan (que preveía triplicar la población) se pasa a una previsión de 8.000 pisos. "El plan fija un 50% de viviendas menos que lo que proponía el Ayuntamiento", puntualizó el vicepresidente. A cambio, introduce más terreno, 150 hectáreas, destinado a suelo industrial y comercial, con el objetivo "de dinamizar el municipio", en palabras de González. El nuevo plan fija una primera fase de construcción con 3.828 viviendas, de las que el 72% serán protegidas. "Hemos reducido la edificabilidad del 0,35 al 0,25", agregó.

La aprobación de todo ello está supeditada a que el Ayuntamiento elabore (y luego el Ejecutivo regional apruebe) un plan de infraestructuras que garantice la conexión del municipio y la circulación por sus calles.

Ciempozuelos no es cualquier localidad. En octubre de 2006 salió a la luz pública la supuesta trama de corrupción de los anteriores alcaldes, socialistas, que llegaron a tener una cuenta con un millón de euros en Andorra para desviar el dinero obtenido. El caso todavía está en fase de instrucción, pero el juez les impuso una fianza de 900.000 euros. Desde entonces, se convirtió en el foco de los ataques del PP regional, que ganó las elecciones municipales de 2007.

Los dos grupos de la oposición en Ciempozuelos, PSOE e IU, se quejaron ayer de que nadie les haya informado del contenido del nuevo plan. "Hemos preguntado varias veces en la Comisión de Urbanismo cuándo iba a aprobarse el plan y nunca nos han contestado", aseguró la portavoz socialista, Susana León.

"Es una falta de respeto que este plan no se haya tratado en el Ayuntamiento", reprobó la portavoz de IU, Gemma Fornell. Hoy podrán averiguarlo, como el resto de ciudadanos, cuando consulten el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.