El Gobierno recurre la orden del Consell de Ciudadanía en inglés

El Gobierno presentó ayer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana contra la orden de la Generalitat que obliga a impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía en inglés por considerar que "incumple la ley" y "asume competencias que corresponden de manera exclusiva a los centros educativos en materia de organización y en el proyecto educativo propio de cada centro". A través del Ministerio de Educación, el Gobierno ha solicitado "la nulidad de pleno derecho" de la norma valenciana y "la suspensión cautelar" para que no entre en vigor cuando empiece el próximo curso escolar, en septiembre, según explicó en rueda de prensa la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, informa Antia Castedo.

"El recurso prueba que la orden es ilegal", coinciden los sindicatos

Directores y docentes agradecen al ministerio el apoyo jurídico

La norma valenciana establece dos opciones para cursar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos: la opción A, que es la curricular pero deberá ser impartida en inglés; y la opción B, en la que los padres seleccionarán la parte del temario con la que quieren que sus hijos se examinen a través de un trabajo trimestral, sin tener que asistir a las clases presenciales.

El Gobierno socialista considera que el Ejecutivo autonómico del PP "incumple la ley y entorpece que se cumplan los objetivos pedagógicos de la asignatura", añadió Almunia. El ministerio había recurrido el decreto de currículo de esta asignatura desarrollado por seis Ejecutivos autonómicos del PP, menos el valenciano. No obstante, el paso dado ayer contra la orden de aplicación pidiendo la "nulidad" y "suspensión cautelar" supone un doble revés para el Consell de Francisco Camps.

La Generalitat valenciana se reafirmó ayer en la "legalidad" de su orden de Ciudadanía en inglés -que también han recurrido CC OO y STEPV- por considerar que es "plenamente legal y cumple todos los requisitos de la legislación vigente, mientras los tribunales no digan lo contrario".

La subsecretaria autonómica, Concha Gómez, fue más lejos y acusó al Gobierno socialista de "pretender saltarse las normas autonómicas porque no resultan de su agrado". Gómez remató: "La orden es taxativa: la lengua en que se imparte Ciudadanía es exclusivamente en inglés y se ofertarán dos opciones. Quien impida su cumplimiento tendrá que atenerse a las consecuencias legales".

Los sindicatos coincidieron ayer en que la decisión del Ministerio de Educación de recurrir la orden prueba que la orden es "claramente ilegal" resumió Albert Sansano, del STEPV, quien confía en que "la suspensión cautelar dé oxígeno al sistema educativo valenciano".

"Nos alegramos mucho de que por fin el ministerio comprenda lo que ocurre en la Comunidad Valenciana. Los tiempos corren ya a favor de la suspensión cautelar que interpusimos ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano y que, ahora, también solicita el ministerio", puntualizó Luis García Trapiello, de CC OO.

Gerardo Fernández, de Fete-UGT, añadió que "el recurso del Gobierno era necesario para ayudar a los profesores, directores y centros valencianos que se oponen a aplicar una orden que puede vulnerar hasta tres normas autonómicas y estatales".

La Asociación Profesional de Directores del País Valenciano se congratuló por el respaldo a la petición formal a la Generalitat, realizada el miércoles, para que diera garantías jurídicas por escrito de que los profesores no violarán la ley si aplican la orden valenciana, de la que no han obtenido respuesta alguna.

La Ley Orgánica de Educación permite la implantación gradual de la asignatura de Educación para la Ciudadanía entre este curso y el próximo. Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Cataluña, Andalucía y Extremadura han sido las siete primeras comunidades en impartirla, y el resto tendrá que hacerlo en septiembre. Según la secretaria de Estado, la orden valenciana "perjudica a los alumnos, al negarles un derecho que ya han ejercido 200.000 jóvenes de siete comunidades. Las familias, los centros y alumnos han demostrado una responsabilidad de la que el Gobierno valenciano carece", sentenció la secretaria de Estado de Educación.