La crisis da un respiro al litoral

La burbuja inmobiliaria ha estallado. Y aunque ha dado un respiro a la costa, sus coletazos se ciernen con el litoral. Greenpeace alerta de que queda suelo calificado para construir tres millones de viviendas, lo que supone "una amenaza latente".

En su informe anual Destrucción a toda costa, la organización ecologista denuncia "la demagogia que rodea las infraestructuras", especialmente la ampliación o construcción de 137 puertos, que las administraciones impulsan para mantener el ritmo de construcción en el litoral.

El año pasado hubo 180 cargos públicos implicados en casos de corrupción

"La crisis puede ser una oportunidad para meter mano a la corrupción" y cambiar el modelo turístico, afirmó el director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde. Hay tres millones de viviendas que "están latentes" con el terreno ya declarado urbanizable y que siguen amenazando el litoral, aunque debido a la crisis no se vayan a construir inmediatamente.

El pinchazo ha ralentizado grandes planes como el de Marina de Cope, una ciudad para 60.000 personas que el Gobierno de Murcia impulsa en un parque natural desprotegido por ley. Aunque oficialmente sigue adelante, en diciembre pasado la promotora Ereaga, una de las muchas con suelo en Marina de Cope, suspendió pagos. Pero el suelo es tan valioso que el plan nunca decaerá. La fiscalía de Almería ha advertido de que "el descenso de la construcción ha repercutido en la edificación de viviendas ilegales".

También se ha reducido el número de casos de corrupción. En el último año, Greenpeace ha contabilizado 67 casos (por 89 el año anterior) en la costa con 527 implicados, de los que 180 son cargos públicos. Son menos que en 2007 y es que el estallido de la burbuja inmobiliaria, el ejemplo de Marbella, la fiscalía especializada y una unidad específica de la Guardia Civil parece que comienza a dar sus frutos.

El informe denuncia que Andalucía, Valencia, Murcia y Canarias son las comunidades que más degradan su costa, seguidas de Cataluña, Baleares y Galicia. Y por último, que el País Vasco, Asturias y Cantabria intentan copiar el urbanismo salvaje del Mediterráneo.

Como soluciones, Greenpeace reclama que se impida la urbanización en los primeros 500 metros de playa y pide al Gobierno que aplique la estrategia para la sostenibilidad de la costa que aprobó la pasada legislatura. Se trata de un plan del Ministerio de Medio Ambiente en el que recomienda derribos masivos par recuperar la titularidad pública. De Uralde expresó que es una incógnita cómo actuará la ministra Elena Espinosa, que sigue sin director general de Costas.