PP y BNG coinciden en controlar desde el Parlamento los plazos del AVE

A nueve meses de las autonómicas, el PP ha encontrado en los plazos del AVE la fisura que buscaba en el bipartito. Y ayer su presidente regional, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó para introducir otra cuña entre los socios de gobierno. El líder de la oposición dirigió una misiva al vicepresidente como "máximo representante de la Comunidad Autónoma en la comisión bilateral de cooperación" entre la Xunta y el Estado para que "facilite la presencia estable de un diputado del PP" en el órgano que fiscalizará los plazos del AVE. Con un tono igualmente cordial y también por carta, el número dos del Gobierno gallego se comprometió horas después con Feijóo a "contar con todas las fuerzas políticas para conformar la postura que la representación de Galicia tenga que mantener en Madrid" a propósito de la llegada de la alta velocidad. Nacionalistas y populares refrendaron así su apuesta por esta fórmula para agilizar los plazos del AVE, idéntica a la que ya pactaron en el Congreso de los Diputados hace semanas cuando, con el voto en contra del PSOE, aprobaron una resolución para fiscalizar los compromisos de Fomento con Galicia. Tanto Quintana como Feijóo decidieron ignorar la propuesta anunciada por Emilio Pérez Touriño y registrada el viernes por el grupo socialista en el Parlamento gallego para crear un órgano de control diferente al que reclama el Congreso y que estaría integrado por representantes de la Consellería de Política Territorial y de Fomento.

"Está marchando"

Este modelo evitaría dejar en manos de Quintana, como responsable de Relacións Institucionais de la Xunta, la interlocución con el Estado sobre las infraestructuras. Y por él volvió a apostar ayer Touriño, quien reeditó en Miño su compromiso con el AVE como herramienta "para que Galicia abandone esa posición secular de marginación". Para acallar las críticas nacionalistas, el presidente del Gobierno gallego aseguró que la alta velocidad está "marchando", sometida a un seguimiento "estricto y continuo" por parte de la Xunta "en cooperación" con Fomento, informa Lorena Bustabad.

Sobre la composición del futuro organismo fiscalizador debatirán otra vez hoy los portavoces de PP, PSdeG y Bloque en la Cámara autonómica para buscar una propuesta unánime del Parlamento gallego. Ayer los distintos grupos estaban muy lejos de alcanzar una postura conjunta. De hecho, las posiciones más cercanas volvían a ser las de populares y nacionalistas, partidarios de integrar en la fiscalización de las obras de Fomento a los tres grupos parlamentarios a través de un organismo adscrito a la comisión bilateral Xunta-Estado. Fuentes del BNG defienden este órgano como el más adecuado porque puede "realizar acuerdos".

El propio Quintana en su carta a Feijóo agradeció la colaboración del lider popular y "su apuesta por construir en Galicia una postura de país sobre una cuestión tan importante como ésta". "Tengo para mí", continúa el vicepresidente, "que la unidad y la firmeza política son cruciales en este tema para tener éxito en el objeto compartido de que Galicia llegue a tener las infraestructuras que merece en tiempo y forma". El número dos de la Xunta emplazó a su socios del PSdeG a buscar el consenso en lugar de optar por "lo fácil, que es colgarse medallas".

Una metáfora similar a la que utilizó el portavoz de los socialistas gallegos en el Parlamento, Ismael Rego, para responder al Bloque. Rego abogó por que "las ansias de fotos no impidna lograr un acuerdo de todos" y recordó que la Cámara autonómica no puede suplantar al Congreso en el control del Gobierno central.

Fuentes del PP sostienen como el Bloque que la subcomisión bilateral ampara otras formas de participación desde Galicia como la inclusión de los grupos parlamentarios, "especialmente del que no está representado en la Xunta".

También ayer en su encuentro con la secretaria de Estado de Infraestructuras, Josefina Cruz, la conselleira de Política Territorial, María José Caride, pidió a Fomento el uso de la fuerza para entrar en la mina de Serrabal, cuyos trabajadores intentan boicotear la obra, y evitar nuevas demoras. Caride demandó recursos para que los tramos entre Galicia y Madrid estén licitados en 2009 y el AVE llegue en 2012.