FGC: el precedente

CiU prohibió los contratos blindados. Y luego se pasó la norma por el forro. El ejemplo más claro fue el del que fuera presidente de Ferrocarrils de la Generalitat Antonio Herce, nombrado para el cargo en 1999 por Pere Macias. Pertenecía a la misma empresa y el nombramiento incluyó un contrato que le garantizaba una indemnización de 360.000 euros si dejaba el cargo contra su voluntad. Felip Puig, que sustituyó a Macias al frente de Política Territorial, lo mantuvo para no abonar la indemnización.

Llegó a Política Territorial Joaquim Nadal y entendió que el contrato era nulo de pleno derecho y que no había que pagar un blindaje que la ley excluía de forma explícita. La solución fue salomónica: Herce pidió reincorporarse a su antiguo puesto en FGC y la compañía lo despidió, aceptando que el despido era improcedente. La indemnización que se le abonó fue la máxima establecida en la ley (un juez hubiera podido dictaminar una menor y, sobre todo, el juicio habría dilatado el cobro). El importe era casi el mismo que el establecido en el blindaje.