El búnker de Europa toma cuerpo

El búnker de Europa va tomando cuerpo. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, sigue adelante con su plan de cerrar las puertas a nuevos inmigrantes no requeridos. Sólo tendrán entrada los escogidos en función de las necesidades del mercado laboral. Su Pacto por la Inmigración y el Asilo descarta también las regularizaciones generalizadas, promueve introducir la identificación biométrica en los visados y los vuelos colectivos para expulsar a los indocumentados que no se vayan voluntariamente. De los ocho millones de sin papeles sólo serán regularizados algunos "con carácter excepcional" por motivos humanitarios y económicos.

Sólo entrarán los escogidos por necesidad del mercado laboral

Persisten algunos de los objetivos del "contrato de integración"

El endurecimiento de la política de inmigración europea, que propugna Sarkozy y que coincide con el momento más bajo de su popularidad, es una de las cuatro prioridades de la presidencia francesa de la UE, que empieza mañana. Los otros temas son energía-cambio climático, defensa y política agrícola común.

París quiere presentar el Pacto por la Inmigración y el Asilo como una iniciativa bilateral de Francia y España en la reunión de ministros de Interior que se celebrará en Cannes el 7 y el 8 de julio. En los últimos días, Alemania ha mostrado mucho interés y podría incorporarse al equipo que presente la propuesta. El Gobierno español ha realizado esfuerzos para suavizar el documento, como puso de relieve en la cumbre hispano-francesa del pasado viernes en Zaragoza, e incluso había elaborado un documento alternativo que finalmente declinó presentar. De momento, ha logrado que desaparezca del texto el nombre de "contrato de integración", pero quedan muchas ideas de su contenido. También ha logrado aplazar un año, hasta 2012, la entrada en vigor de los visados biométricos. Sigue el pulso sobre la prohibición de las regularizaciones generalizadas, que Francia quiere mantener a toda costa. España busca reforzar la idea de que la inmigración es una política comunitaria y no una ayuda de solidaridad a un país del sur con problemas por su situación geográfica. La dificultad es que le toca hacerlo con Sarkozy y sus propuestas (que éste ya aplicó en Francia en 2003).

Jean-Pierre Dubois, presidente de la Liga de los Derechos del Hombre, confía en que estas ideas del pacto no prosperen. Considera que "trata a los inmigrantes como mercancías, favorece a los países ricos a costa de los pobres, es decir, todo lo contrario al desarrollo". Sarkozy "quiere un búnker en Europa y separarla del resto del mundo".

La última redacción del documento del pacto, cuyo texto debería aprobarse en octubre por los líderes europeos, "recuerda que corresponde a cada Estado miembro decidir sobre las condiciones de admisión de los inmigrantes legales y fijar si se da el caso, y si es posible con la colaboración con los países de origen, su número". Y "llama a los Estados miembros a poner en práctica una política de inmigración escogida, especialmente en lo que concierne a las necesidades del mercado de trabajo, y concertada, teniendo en cuenta del impacto que puede tener sobre los otros Estados miembros".

Sophie Baylac, jurista y asesora de La Cimade, organización dedicada al acompañamiento de inmigrantes, manifiesta que "este enfoque de la inmigración está más basado en motivos ideológicos que en la realidad". En su opinión, anteponer la emigración económica a la reagrupación familiar "es condenar a los inmigrantes a vivir separados de sus familias". Efectivamente, el Pacto por la Inmigración propone "regular mejor la inmigración familiar invitando a cada Estado a que tenga en cuenta en su legislación sus capacidades de acogida, y las capacidades de integración de las familias en lo que concierne a sus condiciones de recursos y de vivienda en el país de destino así como, por ejemplo, el conocimiento de la lengua de este país". La última versión se ha suavizado añadiendo que se "respetará la convención europea de protección de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales".

España ha logrado también eliminar el concepto de "contrato de integración", pero se mantienen algunos de sus objetivos. Así, se invita a los Estados a aplicar "políticas ambiciosas para favorecer la integración armoniosa de los inmigrantes", con un "equilibrio" de derechos y deberes, entre los que se cita "aprendizaje de la lengua y respeto de las leyes del país de acogida". Y también "medidas específicas para favorecer el acceso al empleo, factor esencial de la integración".