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PP y PSOE ultiman el pacto sobre justicia

Los dos partidos quieren cerrar el acuerdo en el próximo encuentro entre Zapatero y Rajoy - Incluirá las líneas generales de la reforma judicial anunciada

El PSOE y el PP ultiman el acuerdo sobre la reforma de la justicia con la pretensión de cerrarlo antes del mes de agosto y empezar a desarrollarlo en septiembre. Se incluye en ese acuerdo la renovación total del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace 19 meses, y de cinco magistrados del Tribunal Constitucional. El cierre de este acuerdo, que ambos partidos quieren suscribir para agosto, supondrá el primer pacto de Estado de la legislatura. Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero podrían consagrarlo en su primer encuentro en La Moncloa, tras las elecciones.

Los portavoces de ambos grupos, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, con las incorporaciones del ministro Mariano Fernández Bermejo y el nuevo portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, han celebrado ya múltiples encuentros, han intercambiado borradores y trabajan en un documento de mínimos que incluye el desarrollo legislativo sobre justicia para toda la legislatura. La base del acuerdo será el plan de reformas expuesto por Bermejo el miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso. Y su consecución es "prioritaria" para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los socialistas quieren descentralizar el poder judicial

Los nombres de los vocales del Consejo se anunciarán después del verano

Discrepancias sobre la cesión de competencias del Tribunal Supremo

Los populares rechazan la posibilidad de que instruya el fiscal

El acuerdo orillará los puntos más conflictivos y que les separan, especialmente los que tienen que ver con la descentralización de la justicia. Es decir, el PP rechaza la creación de los consejos autonómicos de Justicia, tal y como están concebidos en el Estatuto de Cataluña, y defiende un modelo como el del Estatuto valenciano, mucho más matizado. El Gobierno está cerca de esta posición, pero percibe la presión de los partidos nacionalistas, especialmente, CiU. Probablemente el acuerdo orille el detalle de las futuras competencias de los consejos autonómicos.

Tampoco comparte el PP la cesión de competencias del Tribunal Supremo hacia los tribunales superiores de justicia, tal y como pretende el Gobierno, es decir, reduciendo al primero sólo a la función de unificador de doctrina.

En principio, el PP no rechaza de plano la pretensión de someter al Consejo General del Poder Judicial a control parlamentario. Incluso, los populares defendieron hace años dicho control, pero a través de un representante, en este caso el presidente del Consejo. Respecto al control de cada uno de los vocales, Trillo aseguró a este periódico que su partido no tiene aún posición fijada.

No hay problemas para el acuerdo en la reforma de la oficina judicial y en la creación de nuevos instrumentos para la actividad judicial, como los registros de medidas cautelares y la interconexión informática de todos los órganos judiciales.

También se incluirá una referencia genérica a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, con compromiso de consenso para su aprobación. El PP considera significativo que Bermejo no mencionara en el Congreso la idea de asignar a los fiscales la dirección de la instrucción penal en detrimento de los jueces. Esta idea estaba en el programa electoral del PSOE y es rechazada por el PP.

Los populares ya aceptan la regulación del consejo en funciones. El acuerdo incluirá también el compromiso de universalizar la doble instancia penal y de reformar el Código Penal para actualizarlo. Respecto a la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, ambos partidos están ya persuadidos de la imposibilidad de hacerla efectiva antes de verano. Especialmente la del Constitucional, que requiere un largo trámite en el Senado y está condicionada a la decisión del tribunal sobre el recurso del PP contra el reglamento de la Cámara alta.

Ambos partidos están ya muy cerca del acuerdo sobre la composición de ambos órganos, no obstante, barajan no dar a conocer los nombres hasta que en septiembre se puedan poner en marcha los nombramientos. Es decir, el acuerdo podría incluir sólo la referencia al compromiso de renovación, con la voluntad de incluir la mayor pluralidad posible. Esto último se refiere a dar entrada a todas las asociaciones de magistrados, facilitar el nombramiento de magistrados no asociados y permitir a CiU y PNV proponer nombres de vocales del Consejo del Poder Judicial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de junio de 2008