"El Gobierno vasco no puede poner urnas. La consulta no se va a celebrar"

El presidente afronta con aparente serenidad el desafío planteado por el Gobierno vasco con su Ley de Consulta y se muestra convencido de que el lehendakari Juan José Ibarretxe se ha metido en un callejón sin salida por puro interés electoral.

Pregunta. ¿Ha renunciado usted definitivamente a la idea de buscar una solución dialogada al problema del terrorismo de ETA? ¿No cabe más opción que la derrota policial?

Respuesta. El objetivo de ver el fin de ETA pasa por dos tareas: uno, por supuesto, es la actividad de los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado y la Justicia, y dos, por la pérdida de apoyo social a la violencia. En esa dirección estamos trabajando. Ésa es la tarea en la que estamos. No es que el Gobierno haya renunciado, es que el diálogo se ha demostrado inútil con lo que ETA ha hecho. Es un camino que no ha dado los resultados deseados. No va a haber diálogo.

"Si de verdad hay cambios en el PP, yo muestro una humilde satisfacción. Pero es curioso que hayan pasado del 'se rompe España' al 'hay que dialogar con los nacionalistas"

P. Ustedes han intentado, sin éxito, presentar mociones de censura contra alcaldes de ANV a los que permitieron presentarse a las elecciones al no ordenar a la Abogacía del Estado instar la ilegalización de esas listas electorales. ¿Ganó el mundo de Batasuna la batalla al Estado de derecho por culpa del Gobierno?

R. Le haría algún matiz. La Abogacía del Estado actúa en función de su criterio jurídico. El Supremo valoró lo que había sido la jurisprudencia del Constitucional en cuanto a la capacidad y posibilidad de presentar listas. Hay que recordar que ANV era un partido legal desde hace décadas. ANV no ha ganado nada. Ha perdido, porque, lógicamente, al amparar lo que han sido las tesis de Batasuna, sólo va a tener el horizonte de la ilegalización.

P. Hoy hemos conocido que el PCTV prestará un voto al Gobierno vasco para aprobar la Ley de la Consulta. ¿Si Ibarretxe pone urnas en octubre, el Gobierno mandará la policía a quitarlas?

R. El Gobierno vasco no puede poner urnas, no dispone de urnas ni de administración electoral. Por tanto, ésa es una hipótesis que no se va a dar.

P. Pero mañana van a aprobar un proyecto de ley para hacer eso...

R. El Gobierno lo va a recurrir al Tribunal Constitucional. Es una ley que es claramente inconstitucional. No hay dudas en ese aspecto, y lo sabe también el Gobierno vasco. Por tanto, esa consulta no se va a celebrar. Puedo asegurarlo.

P. ¿Tiene usted garantías de que el Gobierno vasco va a acatar la decisión del Tribunal Constitucional?

R. No tengo ninguna duda de que van a acatar la legalidad.

P. Usted ha dicho que el Gobierno vasco sabe que está aprobando una ley que es inconstitucional. ¿Pueden llegar a aprobar una ley a sabiendas de que es inconstitucional?

R. Sí. Es una paradoja política, pero el sistema lo permite. La grandeza del sistema es que tiene los mecanismos de reacción inmediata para evitarlo. ¿Por qué? En el fondo, lo que el lehendakari hace es una apuesta electoral, absolutamente.

P. ¿La resolución del conflicto será siempre en términos políticos y administrativos y no habrá que hacer uso de la fuerza legítima para impedir el proceso?

R. Sí, ésa es mi convicción.

P. ¿Pactarían ustedes con el PP para impedir otro gobierno de nacionalistas independentistas en Euskadi?

R. El Partido Socialista de Euskadi presentará un proyecto para ganar, y en el día después nuestro hilo conductor será una situación de convivencia y entendimiento en Euskadi. Eso se puede articular de distintas maneras y es prematuro pronunciarse sobre cuál puede ser la fórmula de gobierno.

P. ¿Es más fácil un pacto en Euskadi con el nuevo PP del nuevo Rajoy, con Basagoiti de líder vasco, que con el viejo PP de María San Gil?

R. Esa pregunta parte de una premisa: que se puede ser nuevo a los 53 años; que se puede cambiar de ideas, de principios. Es prematuro. Pero ya llegarán las elecciones. No descartamos nada.

P. Entiendo que usted piensa que el congreso que el PP celebró el pasado fin de semana no ha servido para cambiar nada y que todo va a seguir igual. ¿No le gusta más este PP que el que le hizo oposición durante el pasado mandato?

R. Debemos ser prudentes, el movimiento se demuestra andando. Si de verdad hay cambios, yo muestro una humilde satisfacción. Si pasamos del "España se rompe" al diálogo con los nacionalistas, es bueno. Si de verdad, después de lo que tuvimos que escuchar durante cuatro años sobre el 11-M, ahora hay que pasar página porque evidentemente aquella tragedia fue lo que fue, eso es positivo. ¡Y llamativo! No deja de ser curioso que hayan pasado del "se rompe España" a "hay que dialogar con los nacionalistas". Esto vendría a demostrar que nuestra posición política central en España en la conformación de la convivencia es la acertada.

P. ¿Apoyan ustedes la derogación del trasvase Tajo-Segura en 2015 como defienden el presidente socialista de Castilla-La Mancha y la secretaria general del PP?

R. El Gobierno garantizará las necesidades básicas de agua que tengan las comunidades con el sistema que tenemos en estos momentos y con las nuevas inversiones en desaladoras.

P. No ha contestado. ¿Apoya la derogación del trasvase en 2015 o no?

R. No tenemos una posición a favor de la derogación del trasvase con plazo fijo de 2015. Antes del 2015 tienen que pasar muchas cosas: los nuevos planes de Cuenca la entrada en vigor de directrices europeas sobre calidad del agua y la puesta en funcionamiento de más desaladoras.

P. ¿Le parece bien que en una parte del territorio español no pueda escolarizarse a ningún niño en castellano?

R. Es un debate interesante, aunque los datos no coinciden con las posiciones políticas que algunos muestran. Desde 1988, la lengua vehicular en la educación en Cataluña es el catalán. El PP mantuvo esta política y la ratificó siendo siendo ministra de Educación Esperanza Aguirre. Los escolares catalanes tienen los mismos conocimientos del castellano que los del resto de España, y tienen el mismo conocimiento del catalán que del castellano, según los datos que aportan la selectividad o la enseñanza primaria. Me parece un debate politizado, absolutamente partidista. El mejor manifiesto en defensa de la lengua es la Constitución española, que establece la oficialidad del castellano en todo el territorio nacional y la cooficialidad en las comunidades que tienen lengua propia. Es un modelo pactado en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, que ha articulado convivencia y entendimiento. Y además, pactado desde hace años. Nada ha cambiado.

P. Pero el debate no es sobre el nivel de conocimiento, sino sobre si los padres tienen derecho a que sus hijos reciban enseñanza en castellano en cualquier sitio.

R. La pregunta es: ¿hay que cambiar las leyes sobre el régimen lingüístico? En mi opinión, no. No hay que cambiar las leyes que tenemos hace años, y que han dado entendimiento y convivencia en Cataluña y en Euskadi.

P. El Gobierno vasco ha anunciado una ley que cierra la última puerta a la posibilidad de que cualquier niño pueda estudiar en castellano en Euskadi. ¿Cumple eso con lo que dice la Constitución? ¿Presentará el Gobierno un recurso de inconstitucionalidad contra esa norma?

R. Estudiaremos esa ley del Gobierno vasco, y si hay que recurrirla, la recurriremos. Ayer me preguntaba el señor Erkoreka sobre un requerimiento previo que hemos hecho de un decreto de los currículos en Euskadi por cómo utilizaba el término Euskal Herria, que era muy confuso, y les hemos requerido para un posible recurso.

P. ¿Se cumple la Constitución en toda España en relación con el castellano?

R. El Tribunal Constitucional ha sancionado el régimen lingüístico de la cooficialidad con la lengua vehicular, en este caso el catalán. El debate que se ha producido, hablemos claro, es político y politizado. En la legislatura pasada iba unido al debate del Estatuto y del "se rompe España". Era una manifestación más, muy sensible y muy emotiva, pero con un objetivo político y partidista. Ahora, como el "se rompe España" ha perdido gas, pues vamos a ver hasta dónde llega el PP; ha habido un manifiesto...

P. ¿Usted no va a firmarlo?

R. El presidente del Gobierno, más que firmar manifiestos, gobierna...

P. Lo digo porque algún compañero suyo muy señalado ya lo ha firmado...

R. Lo lógico es que el presidente del Gobierno defienda el castellano, y lo hemos hecho como nadie. Nadie ha extendido tanto el Instituto Cervantes, ni el estudio del castellano en el mundo. Llevamos por el mundo a través del Cervantes no sólo el castellano, sino también el catalán, el gallego y el euskera. El Cervantes es el buque insignia de la defensa de nuestras lenguas; ante todo el castellano, pero también las otras. ¡Son nuestras lenguas! Si eso no lo tenemos interiorizado, que son lenguas de España, pues quizá no hayamos interiorizado el modelo de convivencia constitucional.

P. ¿Cree que todos los intelectuales que han firmado el manifiesto han sido manipulados por intereses políticos?

R. No, no, no. Les tengo mucho respeto a los que firman el manifiesto. Hemos construido un modelo pacífico, los resultados son los que son, que hay un manejo y conocimiento del castellano y catalán parecido, de los adolescentes, de los jóvenes, de los que acaban la selectividad.

P. ¿Y se podrá mantener ese nivel reduciendo de tres a dos horas la enseñanza del castellano en Cataluña?

R. Habrá que verlo. Lo que no podemos es hacer un debate sobre sentimientos y no sobre resultados. Aquí hemos logrado una convivencia razonable, positiva, lo que se deduce de los datos y del ambiente social, porque quienes más enarbolan esta bandera son los que no viven allí. Esto ha sido claramente la línea de algunos medios de comunicación. Yo no estoy de acuerdo con el manifiesto y lo respeto. Fíjese, ha firmado Gamoneda.

P. Usted ha anunciado la privatización de los aeropuertos, aunque no sabemos si para hacer caja o para que funcionen mejor. En Cataluña, el anuncio ha causado preocupación porque temen no ser determinantes, como quería el gobierno tripartito, en la gestión de El Prat.

R. Vamos a hacer una sociedad única para toda España de aeropuertos en la que se dé participación a la iniciativa privada. En una primera fase hablamos del 30% del valor conjunto de AENA. Es una empresa que funciona bien no sólo en España, sino que gestiona aeropuertos en el mundo. La mayoría va a seguir siendo pública, y a partir de ahí estableceremos consorcios de gestión en el ámbito de las comunidades, en una primera etapa con el aeropuerto de El Prat. Está por determinar el nivel de participación, el modelo exacto del consorcio y de los responsables del aeropuerto. Eso lo tendremos que dialogar con la Generalitat en los próximos meses. Es un modelo que puede dar más eficacia a una empresa que ya es eficaz. Podemos ganar competitividad.

P. ¿Se siente culpable del deterioro que han sufrido en los últimos años el Consejo del Poder Judicial y el Constitucional?

R. Es evidente que la responsabilidad es de las fuerzas políticas. Subjetivamente diré que el PP no quiso renovar esos órganos. Si cambian del no diálogo al diálogo, nos permitirán renovar. Es evidente que siento no haber renovado estos órganos, y siento que es una de las grandes necesidades que tenemos en nuestro sistema político, quizá la más importante. Es más importante eso que el debate que vamos a tener sobre la financiación autonómica. Al final habrá un acuerdo para mejorar la financiación autonómica, pero la solidez y la autoridad institucional de un Consejo del Poder Judicial y del Constitucional son fundamentales en nuestro funcionamiento del sistema democrático. Es el acuerdo que más me importa, el prioritario. Que no haya sido posible en la pasada legislatura es claramente negativo.

P. El padre de Mari Luz, la niña de Huelva asesinada por un pederasta, se declaró estafado por la clase política al conocer que el Consejo del Poder Judicial puede despachar con una multa leve la conducta del juez responsable de que quien matara a su hija no estuviese en la cárcel...

R. No tengo información sobre si ésa va a ser la decisión del Poder Judicial. Desde luego me sorprendería, y tengo que recordar que el fiscal puede recurrir esa decisión, y una vez que se produzca, el Gobierno se pronunciará. Ya le dije al padre de Mari Luz que el Gobierno puede hacer muchas cosas, pero sólo lo que le atribuye la Ley. Y el Consejo del Poder Judicial es quien tiene la responsabilidad disciplinaria respecto a los jueces. No le puedo imponer una decisión sobre responsabilidad disciplinaria de los jueces.

P. Ustedes aprobaron una ley anticorrupción que obligaba a alcaldes y concejales a publicar su declaración de actividades y bienes. Un año después, nadie, salvo Gijón y Sevilla, cumple con esa ley. De 8.000 municipios que hay, que sólo dos cumplan la ley parece inaceptable.

R. Sí, la verdad es que no puedo dar una respuesta en estos momentos. Me interesaré y la daré.

P. ¿Usted haría pública su declaración de bienes?

R. Sí, si quiere se lo digo ahora. Actividades sólo tengo una, la de presidente del Gobierno. Y bienes, tengo una vivienda en Almería y dinero en el banco, no sé qué cantidad en estos momentos.

Horas después de la entrevista, el presidente envía la respuesta prometida: "La previsión contenida en la Ley del Suelo es obligatoria para todos los municipios, por lo que no hay excusa alguna para su incumplimiento porque disponen de instrumentos legales suficientes para cumplir esta obligación.

En todo caso, a fin de evitar que situaciones como ésta puedan producirse, el Gobierno realizará las modificaciones o desarrollos normativos que resulten necesarios a fin de que se cumplan los objetivos perseguidos para luchar contra la corrupción". -