Populares y socialistas pactan medidas urgentes para la vivienda protegida

Los dos grandes partidos mayoritarios en las Cortes Valencianas han alcanzado un acuerdo para impulsar la construcción urgente de vivienda protegida. El pacto pretende paliar la merma de actividad en el sector inmobiliario y garantizar el derecho constitucional al acceso a la vivienda de los más desfavorecidos. Las medidas previstas para agilizar la generación de suelo a precios asequibles se recogen en un Decreto-Ley que aprobó ayer el pleno del Consell y ahora debe ser convalidado por las Cortes. Es la primera vez que el Consell aprueba un decreto ley, una figura amparada por el nuevo Estatut d'Autonomia.

Las encuestas sobre oferta y demanda elaboradas por el Consell estiman que es necesaria la construcción de 80.000 viviendas protegidas en los próximos cuatro años. Las necesidades se concentran en unas "áreas residenciales prioritarias" que todavía debe definir la Generalitat y donde serán de aplicación los principales instrumentos previstos por el Decreto-Ley.

La Generalitat podrá establecer reservas de suelo para viviendas protegidas en esas áreas residenciales prioritarias de acuerdo con los Ayuntamientos afectados. Los trámites se resolverán en plazos muy breves. En esas áreas, se destinará a vivienda protegida un mínimo del 30% del suelo urbano, un mínimo del 50% del suelo urbanizable y el 100% del suelo que sea reclasificado para levantar nuevas viviendas.

José Ramón García Antón, consejero de Vivienda, agradeció ayer la "buena disposición" de los socialistas para alcanzar el acuerdo. Ángel Luna, portavoz socialista, recordó que el decreto pretende resolver un problema muy concreto y no supone ningún aval a los desmanes urbanísticos de los últimos años.El acuerdo entre populares y socialistas tiene la forma de Decreto-Ley porque modifica aspectos sustanciales de la Ley Urbanística Valenciana y permite ajustarla a la Ley del Suelo impulsada por el Gobierno socialista que entra en vigor el próximo 1 de julio. La nota oficial difundida ayer por la Generalitat asume ese extremo "hasta que se produzca la total reforma de la Ley Urbanística Valenciana", una reforma que ha llegado a exigir el Parlamento Europeo.

El Decreto-Ley de medidas urgentes permitirá resolver los trámites para planes de actuación urbana impulsados por los Ayuntamientos o la Generalitat en un mes, según anticipó García Antón en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

Los titulares de suelo afectados por un plan destinado a vivienda protegida solo podrán contribuir a los costes de urbanización a través de la cesión de suelo. Y los ingresos que obtengan los Ayuntamientos que impulsen viviendas protegidas se destinarán en exclusiva a actuaciones de interés social, desde construcción de equipamientos a actuaciones de renovación urbana. García Antón explicó que así se persigue estimular la implicación de los Ayuntamientos.

Según la Generalitat, el decreto "es necesario para incorporar instrumentos que permitan una real y efectiva intervención del Consell en el fomento de la construcción de viviendas protegidas".

El portavoz socialista Ángel Luna se estrenó en las Cortes hace ocho meses con dos preguntas consecutivas al presidente de la Generalitat sobre vivienda protegida. Francisco Camps negó el problema. Pero varios alcaldes han reiterado que solo pueden impulsar viviendas protegidas en áreas no previstas por los planes generales. El Plan Rabassa en Alicante, que prevé el desarrollo de 3,5 millones de metros cuadrados para construir 8.000 viviendas protegidas y 5.500 libres, es el caso típico.

Los socialistas optaron por presentar a las Cortes su propio decreto para dotar a los Ayuntamientos de los instrumentos necesarios para disponer de suelo. El PP replicó que el Consell ya trabajaba sobre el asunto pero, en un gesto poco habitual, aceptó acordar su contenido con los socialistas.

Luna comentó ayer que el Decreto-Ley permite "una adaptación urgente a la Ley del Suelo Estatal y permite la creación de suelo sin los engorrosos trámites de modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la construcción de vivienda protegida". Pero subrayó que las medidas solo son "una solución de urgencia para un problema urgente, que no exime a la Generalitat de abordar la elaboración de un nuevo marco normativo en materia de urbanismo" para evitar "los desmanes y tropelías cometidos a lo largo de los últimos años en territorio valenciano y que han sido merecedores de condena de parte del Parlamento Europeo". "En absoluto hemos alcanzado un acuerdo general en materia de urbanismo", reiteró Luna, "solo un pacto para atajar un problema muy concreto".

García Antón, responsable de Urbanismo y Vivienda desde hace un año, comentó el jueves en los pasillos de las Cortes que los dos grandes partidos ya están negociando ese nuevo marco urbanístico. Luna, por su parte, redujo las conversaciones al respecto a cuestiones muy preeliminares sobre los principios generales que deberían inspirar esa revisión de la ley.