Un ex consejero de la funeraria denuncia supuestas concesiones irregulares

Hace sólo 23 días la Audiencia Provincial se pronunciaba sobre el caso funeraria: los magistrados absolvieron a los imputados porque los delitos que habían cometido estaban prescritos: tráfico de influencias, falsedad documental y fraude a la Hacienda Pública. Pero las aguas siguen bajando turbias en la empresa funeraria municipal.

Ayer, una de las personas juzgadas por este asunto, José Ignacio Rodrigo, que cometió tráfico de influencias, reclamó al Consejo de Administración de la compañía que "investigara las facturas de obras adjudicadas en los cementerios municipales". Rodrigo es accionista mayoritario de Funespaña (posee el 44,65% de la sociedad). Precisamente, el departamento de prensa de los accionistas de Funespaña -controlado por Rodrigo- envió ayer una nota de prensa en la que se sostenía que "un solo proveedor vinculado a un directivo de la empresa [municipal de servicios funerarios] acapara la mayoría de las obras en cementerios de Madrid".

La nota vincula indirectamente al gerente de la empresa municipal de servicios funerarios y ex socio suyo en la adquisición de la empresa, Juan Antonio Valdivia, con las empresas que realizan las obras de los cementerios municipales. Ambos, Valdivia y Rodrigo, diseñaron y se beneficiaron del negocio de la privatización parcial de la funeraria municipal. El Ayuntamiento, que aún conserva el 51% de la empresa, no quiso pronunciarse ayer sobre este asunto.

El caso funeraria nació en 1992, cuando una empresa adquirió el 49% de la empresa municipal de servicios funerarios por 100 pesetas (0,6 euros). El argumento de este precio de saldo era que la empresa estaba al borde de la quiebra. Acumulaba una deuda con el Ayuntamiento de 13,6 millones de euros. Pero, sorprendentemente, dos años después de la privatización parcial la funeraria municipal enjugó su abultada deuda y presentó unos resultados de seis millones. Un negocio redondo. Durante 15 años el asunto vagó por los tribunales. Hasta que la Audiencia Provincial dictaminó que hubo tráfico de influencias, falsedad documental y fraude a la Hacienda Pública. Pero todos estos delitos estaban prescritos. Los imputados, entre los que estaban Rodrigo y Valdivia, quedaron libres sin cargos.

Rodrigo asegura en la nota de prensa que varios de los contratos realizados por la funeraria municipal "no cumplen el principio de publicidad y concurrencia, y existe una vinculación entre sociedades participadas por uno de los trabajadores que comparte dirección y teléfono" con una de las empresas adjudicatarias. Este periódico intentó, sin éxito, conocer la versión de Funespaña. Rodrigo fue destituido por el Consejo de Administración tras pedir que se investigaran las facturas supuestamente irregulares. Esta situación enfrenta a dos de las personas que colaboraron juntas en la privatización de la funeraria.