Política de la infamia
Federico Jiménez Losantos, locutor-estrella de la Radio de los Obispos, fue condenado el pasado día 11 de junio a la pena de multa de 12 meses (el total suma 36.000 euros) por un delito continuado de injurias graves con publicidad al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El pago de la sanción queda asegurado por la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de 100 euros no satisfechas. La sentencia pondera el conflicto entre dos bienes constitucionalmente protegidos: la libertad de expresión, invocada por el agresor como burladero para sus insultos, y el derecho al honor del ofendido, que se siente herido en su dignidad.
El locutor-estrella de la Radio de los Obispos es condenado por injurias graves contra el alcalde de Madrid
La doctrina constitucional fundamenta la reducción del ámbito de protección judicial de los políticos -en comparación con los simples particulares- frente a la voracidad informativa y la dureza crítica de los medios de comunicación, con el razonamiento de que la libertad de expresión garantiza la existencia de una opinión pública informada y reflexiva, "sin la cual quedarían reducidas a formas hueras las instituciones representativas y abiertamente falseado el principio de legitimidad democrática". Ahora bien, el carácter genéricamente prevalente de la libertad de expresión en sus colisiones con otros derechos fundamentales opera sólo para los conflictos donde entran en juego la defensa del pluralismo, el control del poder y la información veraz. La sobrehumana capacidad de encaje exigida a los protagonistas de la vida pública democrática con el argumento de que su compromiso es voluntario -"quien no soporte el calor, que no se meta en la cocina", en palabras de un juez norteamericano- ignora que la política es una profesión, pero también una vocación.
Las fronteras entre políticos y periodistas no siempre son claras: ambos forman parte de la galería de personajes públicos. Cocelebrante junto a Jiménez Losantos de los oficios matutinos de tinieblas de la Radio de los Obispos, Pedro José Ramírez -director del diario El Mundo- ha resumido en una frase reveladora el paraíso que ofrece a esta pareja especializada en misas negras esa hibridación de la política y el periodismo: "poder sin responsabilidad".
Fracasados sus intentos -compartidos también por Ramírez- de acabar con Zapatero mediante la abracadabrante teoría de la conspiración del atentado de Atocha, Jiménez ha sido condenado por el carácter vejatorio de sus críticas y por atribuir a Ruiz-Gallardón contra toda evidencia hechos falsos relacionados -¡cómo no!- con el 11-M. La política de la infamia se vuelve contra sus promotores. Los predicadores de la Radio de los Obispos tratan ahora de saciar su megalomanía de omnipotencia destruyendo al PP: el apresurado abandono de la causa de Rajoy -adulado por la pareja hasta el día de su derrota- para saltar a la grupa de Esperanza Aguirre, a fin de apoderarse de las riendas del PP, ha sido un bochornoso -y fracasado- espectáculo de traición y oportunismo.
