La juez designa a dos economistas para peritar los daños del 'Prestige'

Dos economistas privados serán los encargados de evaluar el coste definitivo a la catástrofe del Prestige para que pueda celebrarse el juicio en España. La juez de Corcubión que había encomendado esa auditoría a los servicios de Intervención de la Xunta, a los que requirió en dos ocasiones para que evaluaran los daños totales ocasionados por el viejo petrolero, ha desistido y ha optado por designar a dos peritos independientes.

Su tarea, una vez que juren su cargo en el juzgado durante las próximas semanas, es sumar los "daños y perjuicios" causados por la marea negra a los agentes económicos, instituciones públicas y privadas, entre los que estarían incluidos los costes de limpieza a las distintas administraciones, los decretos de indemnización pagados por el Gobierno central y los gastos que reclama Francia como Estado (68 millones de euros, según la última reclamación), así como los ayuntamientos y cofradías galas. Sólo el Gobierno español ha cuantificado la catástrofe en 938 millones. Un peritaje que ha de entenderse como valoración subjetiva, al estar personado el Estado como parte en el caso.

Los dos economistas deberán evaluar además el daño ambiental difuso, un concepto nuevo incluido en la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que cuantifica la fauna muerta o la flora destruida por el fuel del petrolero que no pertenece a nadie y no es objeto de reclamación.

La designación de los dos peritos choca con lo que desde el principio del proceso ha reclamado la Fiscalía especializada en Medio Ambiente, que siempre defendió que fuese una institución pública independiente la que abordase el peritaje. Fuentes jurídicas consultadas por este diario que los dos técnicos carecen de experiencia en catástrofes y han expresado sus dudas de que puedan afrontar con garantías la ingente tarea de cuantificar todos los costes derivados del accidente. En su día, la Xunta, a la que se le reclamó por dos veces la auditoría, pidió que se confiase esa responsabilidad al Consorcio de Compensación de Seguros, una opción que fue descartada por depender de la Administración del Estado.

La pericial contable es la prueba clave de toda la investigación que acumula ya decenas de miles de folios en el Juzgado de Corcubión, sólo en la pieza civil. Hace un par de semanas, la Audiencia Provincial de A Coruña enmendó la citación como imputado del representante de la clasificadora del barco, ABS, que según el ministerio público abocaría al fracaso a todo el proceso judicial.