La Xunta notifica el recurso por la AP-53

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recibió ayer en su registro de entrada el anuncio de presentación de un recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia del propio Tribunal Superior que anula el proyecto del último tramo de la autopista Santiago-Ourense (AP-53).

Fuentes jurídicas consultadas por este diario confirman que el fallo judicial que da la razón a un grupo de vecinos de Santa Cruz Arrabaldo (Ourense) contrarios al trazado de la autopista en esta parroquia, no sólo afecta al propio proyecto constructivo, sino también a la declaración de impacto ambiental y al proceso expropiatorio. Más allá de lo que en su día resuelva el Supremo, la Xunta tendría que reelaborar el proyecto ahora en ejecución para incluir un nuevo estudio de impacto y una nueva declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los terrenos.

Al quedar anulada la expropiación, la ocupación de las fincas carece en este momento de soporte legal y abriría la opción a reclamar una indemnización y un incremento de entre el 25% y el 30% sobre el justiprecio que se determine.

Jurídicamente es posible solicitar la ejecución provisional de la sentencia en todos sus extremos, incluida la paralización de las obras, aunque en estos casos los jueces suelen inclinarse por primar los intereses generales sobre los particulares y, en todo caso, exigir un elevado aval que difícilmente podrían abonar los demandantes.

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, afirmó que el enlace anulado es "una dificultad o defecto que ya fue corregido" por su consellería. "Ese enlace no se va a ejecutar, como bien saben los vecinos", agregó.

El fallo judicial llega "a destiempo", señala el presidente de la asociación de afectados de Santa Cruz, Manuel Fernández, informa Cristina Huete. Él denunció la construcción de la rotonda que unirá la N-120 con la AP-53. Los vecinos de Santa Cruz evidenciaban ayer la división que ha causado este último tramo de la autopista. Ni siquiera los directamente afectados por la obra están unidos. "Ya sabíamos que la rotonda era ilegal, porque lo reconoció el jefe de la Demarcación de Carreteras", señala Fernández, que sostiene que muchos vecinos "están manipulados políticamente", y que el ex conselleiro Alberto Núñez Feijóo cambió el trazado original para "favorecer intereses particulares".