La juez que acusó a Casas se asesoró antes con un magistrado del Supremo
Carlos Granados, preparador de Belén Pérez, dice que sólo hablaron del trámite
La juez de Valdemoro (Madrid) Belén Pérez Fuentes, que acusó a María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, de un supuesto delito de asesoramiento ilegal por aconsejar a una abogada sobre un trámite para recurrir en amparo, consultó a su vez a su preparador de oposiciones, el magistrado del Tribunal Supremo Carlos Granados, sobre el trámite para elevar al alto tribunal las actuaciones contra la aforada, según el propio magistrado.
Granados, magistrado de la Sala Penal del Supremo y que fue fiscal general del Estado en el mandato de Felipe González, confirmó a este periódico que la juez Pérez contactó con él para consultarle: "No hablamos más que del trámite, porque ella quería saber si lo que se eleva era un suplicatorio o cómo se hacía. Preguntó cómo se elevaban unas actuaciones al Supremo, pero sólo hablamos del trámite". El magistrado insistió: "En ningún momento hablamos de que se trataba de la presidenta del Constitucional, ni del tema que era. Ni yo lo hubiera permitido. Me preguntó que si hay un aforado qué se hace, cuál es el trámite que se sigue, pero para nada supe de qué iba la historia". Granados, añade, le explicó cómo tenía que elevar una "exposición razonada". Asegura que no recuerda cuándo la juez le hizo la consulta, aunque fue "hace tiempo", y confirma que fue preparador de Pérez en las oposiciones a la judicatura hace "muchos años". La juez lleva alrededor de cinco años en la carrera judicial.
Días después de que la juez Pérez elevase al Supremo la "exposición razonada" en la que apreciaba que Casas había incurrido en un delito de "actos prohibidos" (sic), Granados formó parte de la sala de admisión que, por unanimidad, dio carpetazo a la iniciativa. La sala de admisión, que tiene una composición preestablecida, rechazó que Casas hubiera incurrido en delito alguno.
La presidenta del Constitucional, en su conversación con la abogada María Dolores Martín Pozo, a la que creía objeto de malos tratos por parte de su marido (está acusada de haber encargado su asesinato), le dijo que posiblemente se le habría pasado el plazo para recurrir en amparo, pero que siempre podría provocar, "su abogado lo sabe, alguna nueva actuación judicial que le permita llegar al Constitucional en amparo". Al despedirse, la presidenta le dijo: "Si alguna vez va en amparo, pues ya me vuelve a llamar", aunque también dejó claro que ella "no le podía ayudar". El Supremo aseguró con rotundidad que "no existió ninguna actividad de asesoramiento, ni aun ocasional, susceptible de integrar un delito".
Las circunstancias en torno a la grabación de la conversación de la presidenta del Constitucional y su proyección pública siguen teniendo puntos oscuros. Según fuentes conocedoras del sumario, la conversación de Casas con la abogada fue grabada por la Guardia Civil el 17 de abril de 2007, sobre las diez de la noche. En cambio, no se remitió la transcripción al juzgado hasta el 14 de agosto, cuatro meses después de la observación, cuando la doctrina del Supremo ordena que cuando se produce un "hallazgo ocasional" en el curso de unas escuchas éste debe ser trasladado a la autoridad judicial "inmediatamente".
La juez Pérez remitió al Supremo su "exposición razonada" en mayo apenas cinco días después del fallecimiento del magistrado del Constitucional Roberto García-Calvo. Para entonces, toda la prensa se había hecho eco del "reequilibrio" que ese fallecimiento introducía en el Constitucional, en particular en el pleno que debe enjuiciar el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el Estatuto catalán, tras la recusación del juez Pablo Pérez Tremps.
LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS ESCUCHAS A LA PRESIDENTA
"El Supremo ni tenía que haberse pronunciado"
Miguel Bajo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, afirma que la conversación de Casas "no tendría que haber salido nunca a la luz". "La juez tendría que haber destruido lo que no tenía nada que ver con el delito por el que se interviene el teléfono. La razón es que la intromisión en la intimidad de los demás es una cuestión tan grave que exige una autorización expresa. Todo lo que se averigüe a causa de esa injerencia y que no está justificado por la autorización judicial debe ser destruido". Por ello, "el Supremo no tendría ni que haberse pronunciado. Debería haber archivado las escuchas porque el origen de los datos que hay en la conversación es irregular y contrario a Derecho".
"Una juez un poco preparada archiva el caso"
Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, opina que "después de oída la conversación de Casas, viendo de lo que se trataba y de que no había motivo de delito, una juez mínimamente preparada archiva el asunto y sigue manteniendo las otras escuchas". Del Moral aprecia una cierta "torpeza" de María Emilia Casas, ya que debería haber cortado la conversación. "Pero la acaba con medias palabras, en las que no hay indicio de ningún delito". La reacción de la juez de Valdemoro "fue poco prudente, y eso por no calificarla más gravemente, porque tampoco me consta. Cualquier persona ducha en Derecho se da cuenta de que no es para elevarlo al Supremo".
El hallazgo debe ser "muy grave" para investigarlo
Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, señala que la conversación de Casas es "lo que en el argot del Código Penal se conoce como 'hallazgo ocasional'. Los americanos son más estrictos y en un caso así, si no hay nada, hay que borrarlo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por el contrario, entiende que depende de la gravedad. Si el delito es muy grave, habría que deducir testimonio". "Creo que no tiene mucho sentido que se haya generado todo esto a partir de una frase de compromiso: 'si hay algo, ya me avisas'. Con un aforado, el juez debe tener conciencia cierta y fundada de que puede haber un delito y debe tener más cuidado".
"Se ha actuado inquisitivamente, a ver qué había"
Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid: "Lo sucedido me parece un escándalo. Se ha actuado penalmente con el principio inquisitivo y se ha investigado a la presidenta en virtud de que presumiblemente se han podido encontrar cosas contra ella". "Se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones. Lo que había que haber hecho era prescindir absolutamente de la conversación. Lo demás es ponerse a buscar cosas a ver si se encuentran, lo que crea un clima de sospecha universal. La gente tiene que actuar de acuerdo con su responsabilidad, y lo hecho por la juez fue trasladarle el problema a otro y eso genera inseguridad jurídica".
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