Los dueños de los pisos turísticos se rebelan por el marcaje de la Generalitat

La temporada turística empieza -si la meteorología lo permite- con una amenaza de tormenta sobre los apartamentos turísticos. La razón no es otra que la nueva normativa que desde hace dos meses regula el sector a través de la Ley de la Vivienda de la Generalitat. Ésta es, de hecho, la principal novedad regulatoria y uno de los motivos de enfado de los explotadores de pisos turísticos: que pasen a manos del Departamento de Vivienda.

"Turismo quiere desentenderse de los apartamentos turísticos y nosotros también formamos parte de la oferta turística", protesta el vicepresidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Franck Granados.

"Entendemos las quejas: ahora están más controlados y muchos se sienten como si les cerráramos el chiringuito", admiten fuentes del Gobierno catalán.

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) asegura que representa a casi 400 empresas -actúan como intermediarios- y agrupa en torno a 22.500 apartamentos, 2.500 de ellos en la ciudad de Barcelona. Pero la Generalitat estima las viviendas vacacionales y de uso turístico en medio millón al año, lo que, a su juicio, constituye el mejor ejemplo del "descontrol".

Hasta ahora, cualquier particular podía alquilar su inmueble como apartamento turístico siempre que una empresa del sector, con licencia para llevar a cabo actividades turísticas, atestiguara que lo estaba explotando, es decir, lo incluía en su lista de inmuebles y punto. La Administración apenas ponía pegas. El único requisito era que estuviera amueblado.

Todo eso ha cambiado desde el pasado 10 de abril, fecha de entrada en vigor de la Ley de la Vivienda catalana. Para dar a un piso un uso turístico se necesita una licencia municipal de actividad económica, tanto si el inmueble es una vivienda de uso turístico (HUT, en sus siglas en catalán) como si se trata de un apartamento turístico (AT), las dos modalidades que establece ahora la normativa. Para ser considerado apartamento turístico, deberá formar parte de un edificio entero destinado a ello. Las viviendas, pese a requerir también licencia municipal, no necesitarán constar en el registro de actividades turísticas de la Generalitat.

Apartur advierte de que este cambio llevará a una "merma de garantías para el consumidor" y "facilita el intrusismo" en el sector, se queja Granados, puesto que las empresas explotadoras están obligadas a cumplir una serie de requisitos: tener los pisos en el registro de actividades turísticas, una oficina abierta al público y hojas de reclamación.

Para la Administración catalana es todo lo contrario. "Si presuponemos que todos los inmuebles de uso turístico cumplen con todas las obligaciones, de acuerdo, pero hasta ahora no era así", asegura Joan Domènech Abad, subdirector de Ordenación Urbanística de la Generalitat. Y lo peor es que la Administración catalana no podía llevar a cabo ninguna inspección porque se consideraba un domicilio privado.

En la medida en que se requiera una licencia de actividad económica, no sólo el dueño del piso tendrá que tributar, "lo que eliminará la picaresca que reinaba hasta ahora", asegura Abad. También aumentará el control sobre pisos y apartamentos turísticos. "Por primera vez tendremos un registro con todos. Podremos inspeccionarlos", se congratula el subdirector.

Un botón de muestra es el precinto, hace 10 días, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, del primer piso turístico, en la calle del Hospital de Barcelona, en el Raval. Ciutat Vella concentra casi la mitad de este tipo de oferta turística en la ciudad.

Para Joan Domènech Abad, el hecho de que la mayoría de los pisos turísticos, el 90%, sean HUT, frente al 10% de AT, no significa que las empresas intermediarias pierdan parte del pastel. "Seguramente muchos particulares seguirán confiando la explotación de su vivienda a empresas, como pasó antiguamente con los API [agentes de la propiedad inmobiliaria]".