El fiscal detecta otros casos similares al de 'Obra Nueva'

La trama de falsificación de documentos para la construcción de viviendas ilegales descubierta en la operación Obra Nueva en Chiclana (Cádiz) no es la única. Casos similares se han detectado en otras provincias andaluzas, como Málaga, según explicó ayer el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz y nuevo fiscal coordinador de Andalucía, Ángel Núñez. Según Núñez, se trata de delitos aislados de falsedad en certificados de antigüedad de las viviendas, que no alcanzan las dimensiones de la operación destapada en la provincia de Cádiz. "No se han detectado tramas de esta complejidad, lo que no quiere decir que no existan", apuntó.

El fiscal de Medio Ambiente advierte de que los delitos urbanísticos suelen extenderse. "Si revisamos las memorias de todas las fiscalías vemos que los problemas son similares, con diferencias de intensidad en una u otra provincia. Hay además un trasvase de conductas delictivas, y delitos que se detectan en una provincia, al cabo del tiempo, llegan a otras zonas", aclara Ángel Núñez. Los delitos de falsificación de documentos y estafas a entidades bancarias en el ámbito urbanístico no se conocían hasta que salió a la luz la investigación de Obra Nueva. Ha sido la primera pero el fiscal augura que vendrán más.

Medidas

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz no ha tomado ninguna medida disciplinaria contra ninguno de esos miembros desde que arrancó la operación de la Guardia Civil hace ahora un año en Chiclana. "Hemos seguido el caso por la prensa pero los nombres que han ido apareciendo no coinciden con los de nuestros colegiados por lo que no hemos abierto ningún expediente en este tiempo", explicó ayer José Arcos, el presidente de este colegio. Lo que sí ha provocado la difusión de esta investigación es el endurecimiento de las medidas de control que ejerce el colegio para certificar una obra nueva. "Evidentemente todo lo que pasa por este colegio está reglado. Lo que se ha hecho mal ha sido a nuestras espaldas", detalla Arcos.

Este colegio, con unos 2.000 miembros, exige desde hace meses una fotografía aérea y documentos municipales que prueben que la casa de la que se va a certificar la obra se construyó en el año indicado. La última memoria de la Fiscalía de de Cádiz recomendaba un mayor poder facultativo a los colegios técnicos.