El blindaje de los ex directivos de Cajasol cuesta 10 millones

La renta vitalicia que Cajasol tiene que pagar a cuatro ex directivos de El Monte suponen un coste para la entidad de 10 millones de euros, según informó ayer Comisiones Obreras. Esta cifra también consta en la denuncia que el ex subdirector general de la entidad Alfonso Bermúdez ha remitido al Banco de España, la Junta y la fiscalía de Sevilla. Este blindaje fue aprobado en 2000, cuando Isidoro Beneroso era presidente de El Monte.

Un informe pericial cuestiona la fecha de la firma de los contratos blindados

El sindicato explicó que en 2002 dio su aprobación a la adenda al Acuerdo Laboral de Previsión Social de la Caja, de diciembre de 2000, para "ahorrar la caja el coste ya dotado en el plan de pensiones (de los cuatro directivos), que no se consideraba a restar de los contratos individuales". "Se evitaba así", según el sindicato, "que estos cuatro directivos cobrasen doble (contrato individual más plan de pensiones)".

Fuentes de CC OO cifraron ayer en unos tres millones de euros el ahorro que suponía la aprobación de ese documento para la entidad. El sindicato solicitó al presidente de Cajasol, Antonio Pulido, que en el próximo consejo de administración se informe "de todos los contratos blindados" suscritos desde 1985 por El Monte y Caja San Fernando, las dos cajas que se fusionaron en Cajasol, y adoptar las medidas oportunas.La denuncia del ex subdirector de Recursos Humanos de Cajasol, Alfonso Bermúdez, que ha destapado los contratos de renta vitalicia de cuatro ex directivos de la entidad, será investigada por la Fiscalía de Sevilla, que ha abierto diligencias para, en su caso, instar a una causa penal ante los tribunales de Justicia.

Alfonso Bermúdez, en su denuncia, acusa al ex presidente de El Monte Isidoro Beneroso y al ex director general de la entidad Juan Pedro Álvarez Giménez de presuntos delitos de administración desleal, que podrían ser de estafa, así como de falsedad en los contratos que blindaban los salarios a los cuatro ex altos cargos de El Monte. Estos cuatro ejecutivos son Juan Pedro Álvarez; Fernando Faces (ex director general gerente); Alberto Alonso Lobo (ex director general adjunto) y José Manuel Giménez (ex secretario de El Monte).

La denuncia de Bermúdez se apoya en un informe pericial de Miguel Martínez Villa, perito de la Audiencia Nacional, experto calígrafo, que sitúa en al menos diez años después la firma de los contratos suscritos supuestamente en 1990 por Beneroso con sus directivos y que daban pie a ese tipo de remuneraciones, tras la formalización de nuevos contratos en 1999 para los cuatro, con sustanciales mejoras económicas, y la ratificación de éstos por parte del consejo de administración de la entidad en noviembre de 2000.

Junto a este dictamen pericial, Bermúdez alude también en su denuncia a otro informe jurídico de un prestigioso bufete de abogados de Madrid, en los que se califica de "alta" la posibilidad de resolver favorablemente para la caja esos contratos y lograr el resarcimiento económico de la entidad, cifrado en más de 10 millones de euros.

El empleado, apartado de su cargo desde abril, y actualmente de baja médica, responsabiliza también en su escrito a la actual cúpula de Cajasol y a su consejo de administración por no actuar contra esos contratos pese a contar con esa pericial, y les atribuye la supuesta comisión de un delito de encubrimiento y administración desleal.

Fuentes de la caja sostuvieron que el nuevo equipo liderado por Antonio Pulido mantiene desde su llegada una línea de "total transparencia" y argumentaron como prueba las querellas y reclamaciones económicas planteadas ante la justicia contra el también ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón y otros directivos anteriores de la entidad. Cajasol, a raíz de un informe del Banco de España que detectó graves irregularidades en la gestión de empresas participadas por la entidad, ha reclamado judicialmente a Bueno Lidón, a un directivo y a un socio de una entidad, un total de 23,6 millones de euros por diversar operaciones irregulares que causaron perjuicio a la entidad.

Cajasol defendió asimismo la legalidad de los contratos de los ex altos directivos, y recordó que el ex subdirector de Recursos Humanos tenía conocimiento de los mismos desde que en el año 2004 accedió al citado cargo. También apuntaron que parece ilógico que este ex directivo denuncie ahora esos contratos cuando en 2007 ratificó la ejecución de uno de esos contratos e informó favorablemente para que la caja procediera a su pago.

Por otro lado, la Consejería de Economía, a la que le compete la inspección y fiscalización de los órganos de gobierno de las cajas andaluzas, pidió ayer a la dirección de Cajasol más información sobre los citados contratos, a raiz de la denuncia recibida. Igualmente, el Banco de España, que también tiene conocimiento de existencia de estos contratos, ya informó a la caja sevillana, que pese a no ser una cuestión de su competencia, la dirección de la entidad debería estudiar su origen y legalidad.