UGT insta a depurar responsabilidades

El secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, señaló ayer que es "urgente" que la actual dirección de Cajasol aclare cualquier sombra de dudas y depure las responsabilidades que correspondan en relación a las "anomalías" que suponen el presunto cobro de rentas vitalicias de ex dirigentes de la antigua caja de ahorros El Monte de Huelva y Sevilla y que ya no presten sus servicios a la entidad.

Pastrana desveló que esta situación "anómala, al menos aparentemente", fue planteada "hace varias semanas" por UGT, cuyos representantes en la entidad aludieron a antiguos directivos de El Monte y al cobro de un salario sin ejercer una actividad.

Asimismo, el líder de UGT puso de manifiesto que los hechos eran conocidos por "alguna organización sindical -en referencia a CCOO- y al menos no le había dado públicamente la menor importancia", si bien quiso dejar claro que éstas son actuaciones que se limitan a la acción de ambos sindicatos en el seno de la caja.

En cualquier caso, señaló que hay informes del Banco de España que indican que existen anomalías en Cajasol, aunque añadió desconocer si son las mismas. "No sé si se refieren exactamente a unos directivos, pero sí sobre la gestión de la antigua entidad de El Monte y esas anomalías deberían ser clarificadas -destacó- por la dirección actual de Cajasol, que asumió la responsabilidad absoluta tras la fusión" con la Caja San Fernando.

En este sentido, Pastrana aseguró que no se puede ir generando una sombra de duda permanente sobre una entidad de este tipo, ya que los clientes tienen que tener seguridad de que su entidad actúa con absoluta transparencia. "Cualquier elemento que la distorsione terminará poniendo en cuestión, probablemente de manera innecesaria e injusta, la actuación del conjunto de la entidad", apostilló. "Hay situaciones que vienen del pasado que nada tiene que ver con la actuación ante sus clientes de Cajasol", concluyó.

Por su parte Comisiones Obreras llevó ayer al Consejo de Administración de Cajasol una propuesta para que se revisen todos los contratos blindados suscritos desde 1985 por las entidades que dieron origen a Cajasol (San Fernando y El Monte) para "establecer con toda claridad las responsabilidades, que en su caso correspondan, y sobre todo poder adoptar los acuerdos o decisiones que mejor defiendan los intereses económicos y la reputación de Cajasol".