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La luz sube un 11% en el año para la mayoría de los usuarios

Industria exige padrón y declaración jurada para solicitar la tarifa social

El 1 de julio, las tarifas eléctricas subirán una media del 5,62% para 25.015.069 clientes con contrato de baja tensión. Así consta en la propuesta de orden ministerial enviada por el Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), pendiente de aprobación por el Gobierno. El porcentaje de subida medio es tan concreto como cierto. Pero si se abre el foco, la realidad es más dura. Para el grueso de los clientes de las compañías eléctricas acogidos a tarifa, 13.617.450 usuarios con una potencia contratada de hasta cinco kilovatios (tarifa 2.02), la próxima subida será del 7,33%.

En el año, y si se tiene en cuenta que la luz subió en enero un 3,3% de media, el grueso de los clientes pagará un 11% más por la luz, más del doble que la inflación actual. En euros, y para una factura de un hogar medio (cinco kilovatios de potencia contratada, tres personas, 64 euros de factura cada dos meses), la subida en el año rondará los 40 euros. Del total de clientes afectados por la subida, 4,5 millones aproximadamente podrán solicitar la nueva tarifa social, cuya gran ventaja es que no pagará el llamado término de potencia, un concepto por el que el resto de usuarios desembolsará al mes entre 0,38 y 1,75 euros por kilovatio consumido.

El nuevo sistema puede beneficiar a más de cuatro millones de hogares

Los primeros 25 kilovatios serán gratis, pero suben los recargos

Los "sociales" serán aquellos usuarios con una potencia contratada en la vivienda habitual inferior a los tres kilovatios. Para solicitar "la social" tendrán que presentar a su distribuidora certificado de empadronamiento y una declaración jurada sobre la veracidad de la documentación aportada.

Aún hay un detalle más. El usuario acogido a tarifa social tendrá que disponer de interruptor de control de potencia (ICP). Este sistema, que según las compañías consultadas ya está generalizado, no es otra cosa que un limitador que desconecta el suministro del hogar si la potencia demandada excede lo previsto en el contrato. Las mismas fuentes señalan, no obstante, que el ICP es una barrera de control fácilmente superable con mínimos conocimientos técnicos.

Pero quien quiera hacer trampas tendrá que tener en cuenta otro detalle: si incumple las condiciones de la tarifa social y es descubierto, tendrá que pagar un recargo del 10% sobre la tarifa de baja tensión desde la fecha del incumplimiento.

La nueva estructura de tarifas tiene otra novedad. Todos los usuarios, "sociales" y "no sociales", tendrán una franquicia de 25 kilovatios al bimestre exentos de facturación. Con una contrapartida: si el consumo sobrepasa los 1.000 kilovatios en dos meses (hasta ahora el límite para el recargo era de 1.100 kilovatios), cada kilovatio de más tendrá recargo. Exactamente, 0,027403 euros por kilovatio. Hasta ahora, el límite para el recargo era de 1.100 kilovatios.

Para los "sociales", el nuevo sistema sí puede resultar un buen ahorro. Porque se ahorran el pago del término de potencia. Teóricamente, y si esos hogares consumieran menos de los 25 kilovatios en dos meses -todo un reto simplemente si se enciende la televisión y se lava la ropa-, no pagarían nada por la luz. Fuentes del sector reconocieron ayer que el nuevo sistema de tarifas sí puede beneficiar a millones de hogares con potencia contratada mínima.

El expediente de tarifas del Ministerio de Industria también aborda otro asunto polémico, como es la tarifa nocturna. Este sistema, basado en acumuladores de energía que trabajan en las horas del día en las que la energía es más barata para usar lo acumulado en las horas de más demanda, lo emplean 1,1 millones de hogares. Teóricamente, el sistema desaparece el 1 de julio, lo que ha causado cierta alarma. La propia Comisión Nacional de la Energía (CNE) manejó probables aumentos de precio para estos usuarios de hasta el 77% por el cambio de sistema.

Pues bien, tal y como había adelantado el ministro de Industria, Miguel Sebastián, los usuarios de tarifa nocturna tendrán un periodo de seis meses para adaptar sus equipos de medida a sistemas de contador con discriminación de consumo por horas. Durante ese medio año de adaptación, los usuarios de tarifa nocturna verán cómo la mayor parte de su consumo (entre el 60% y el 69%, según contrato) se factura a precio de hora-valle -más barata-, mientras que sólo entre el 31% y el 40% se facturará a precios de punta (más cara). Según explicó Sebastián, los usuarios afectados comprobarán cómo el nuevo sistema de facturación no supone recargos muy significativos respecto a lo que venían pagando con la tarifa nocturna. A condición, eso sí, de gestionar su consumo y procurar usar los aparatos de más gasto (como las lavadoras), en horas de menor consumo general.

El nuevo sistema de tarifas, con subidas medias del 5,62% para el conjunto de los hogares, queda lejos de lo que la CNE estimó como necesario para limitar el déficit de tarifa (diferencia entre costes de generación e ingresos por tarifa), que supera en conjunto los 14.500 millones. La CNE solicitaba subidas del 11,3%. Con el nuevo sistema, el déficit calculado entre marzo y octubre es de 2.500 millones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de junio de 2008