Prou

Alumnos, padres, madres y profesores se han manifestado esta semana simultáneamente en las tres capitales valencianas contra la política educativa del Consell. No es la primera vez este año que delatan en público su malestar, pero en esta ocasión, convocados por los sindicatos de la enseñanza, han querido dar testimonio de un apretado memorial de agravios por parte de la consejería y, especialmente, de su titular, Alejandro Font de Mora, a quien se le atribuye el patrocinio de una serie de iniciativas que comportan la degradación democrática y cualitativa del universo docente, donde la práctica de los hechos consumados y la arbitrariedad han arruinado las posibilidades del diálogo. Un deterioro que, obviamente, no se produce sin el amparo del mismo presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no debe salir indemne de este conflicto.

Si bien no podemos olvidar que gobierna hegemónicamente la derecha y, en consecuencia lleva el agua a su molino conservador, hay límites cuya trasgresión no puede en modo alguno legitimarse por el peso de los votos. Así, podremos cuestionar la proclividad del PP por privilegiar la escuela privada, pero se trata de una inclinación -se diría obsesión- que está en sus genes ideológicos, como también lo está su compromiso con la jerarquía eclesiástica católica. Lo impresentable, incluso impúdico por el descaro con que se practica, es el menosprecio en que se le tiene a la escuela pública y la arrogancia con que se impone la docencia oficial de una religión en contradicción con la aconfesionalidad del Estado y a costa de otras materias, cual ocurre en el caso valenciano con la filosofía, que resultaría sacrificada a las historias evangélicas.

En este mismo exceso, agudizado por su más que probable ilegalidad, se incurre con el trasnochado propósito de convertir la ya descafeínada asignatura Educación para la Ciudadanía en un enredo pedagógico con el que únicamente se pretende defraudar más aún la voluntad del Gobierno mediante el ardid de impartirla en inglés -aquí, por estos pagos, precisamente, donde tan parco es incluso el dominio del español como del valenciano- y demostrar la suficiencia del alumno con un simple trabajo doméstico en cuyo trámite el profesor se limita a componer la figura de don Tancredo y la libertad de cátedra se reduce a un mero eufemismo. Se ignora quien tuvo esta "ocurrencia" -si bien se supone que el consejero no ha sido del todo ajeno- que ha suscitado tanto pasmo en el universo docente como cachondeo general. Será cosa de ver el desenlace, que por el momento es asunto judicial y también motivo de perplejidad e irrisión.

Otros motivos numerosos completan el repertorio de la protesta con la que se ha querido gritar prou, basta a todo un compendio de medidas de signo reaccionario así como a la indiferencia o ninguneo en que se tiene al Consejo Escolar Valenciano, por más perseverante que éste se muestre en alcanzar consensos unánimes, no obstante su plural composición y vasta representatividad. Medidas más o menos discutibles, decimos -uniformes para el alumnado de la enseñanza pública, las llamadas "aulas retén", Plan Éxit contra el fracaso escolar y etcétera-, y también incumplimientos retributivos con el profesorado y cuadros directivos. Claro que este capítulo no puede chocarnos habida cuenta del permanente estado de insolvencia en que se hallan las finanzas autonómicas, asfixiadas por el aumento de población no subvencionado, como el PP alega, pero mucho más por las prioridades o prodigalidades a que el Gobierno popular aplica sus recursos. Baste mencionar a este respecto el fabuloso endeudamiento alcanzado con las universidades públicas.

Prou ha sido también esta semana la expresión del grupo socialista en las Cortes, impelido a abandonar el pleno debido a la actitud terca y torticera de los populares, hegemónicos en la cámara y opuestos en resumidas cuentas a explicar por qué Canal 9 no ha informado acerca de los problemas que sacuden al PP en vísperas de su congreso. Una pregunta capciosa y hasta gratuita debido a la constatada manipulación con que el PP gobernante desvirtúa hasta el sonrojo este medio informativo. En todo caso ha servido para abundar en la denuncia de este escandaloso secuestro. Un gesto que podría redondearse dando el portazo en el Consejo de Administración de RTVV donde la izquierda no pinta nada, al margen de calentar poltronas y percibir dietas.