Los jueces admiten que los colegios sexistas no reciban dinero público
El Supremo ampara a las autonomías que exigen clases mixtas
Las comunidades autónomas tienen capacidad para negarse a financiar colegios concertados que separan a los alumnos según su sexo. Una sentencia del Tribunal Supremo da la razón a la Junta de Castilla-La Mancha en su conflicto con la patronal de colegios privados CECE por haber exigido como condición para recibir subvención pública que la educación sea mixta.
La sentencia argumenta que los criterios de admisión del alumnado son competencia de las administraciones educativas que financian esos centros. El fallo aclara el criterio del alto tribunal, que en 2006 resolvió que las subvenciones a los colegios que separan a los chicos de las chicas no son ilegales. Cada autonomía podrá imponer o no que niños y niñas estén en las mismas clases en la oferta pública.
Existen unos 150 colegios que aún separan por sexos, de los que el 80% está concertado en 10 autonomías, según la patronal CECE. La mayoría está vinculada al Opus Dei.
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